En el municipio de Sabanalarga, Atlántico, la administración municipal continúa operando sin su Palacio Municipal, clausurado desde finales de septiembre por graves fallas estructurales y sanitarias que representan un riesgo inminente para la salud y seguridad de los empleados públicos. La situación se agrava con la suspensión provisional del alcalde José Elías Chams, ordenada por la Contraloría Departamental del Atlántico para blindar una investigación fiscal en curso por presuntas irregularidades en proyectos de alcantarillado y saneamiento básico valorados en más de 4.200 millones de pesos, con una vigencia máxima de tres meses para esta medida.
La clausura del Palacio Municipal, ubicado en la calle 21 No. 18-46, fue dispuesta por el Ministerio del Trabajo tras denuncias presentadas por los sindicatos Sinserpalsa, Sintraimtdescol y Sintramusa, y verificada en conjunto con la Gobernación del Atlántico y la ARL Sura. Entre las fallas detectadas destacan la acumulación de excrementos de palomas, murciélagos y roedores, alta humedad con goteras constantes, instalaciones eléctricas dañadas, baños colapsados, ausencia de extintores y detectores de humo, así como bodegas y archivos inseguros, lo que ha afectado directamente la salud de los trabajadores.
Administración dispersa y liderazgo temporal
Ante estas circunstancias, la administración municipal se ha dispersado en dos casas arrendadas y en instalaciones de un colegio local, mientras un funcionario asume temporalmente las riendas y el gobernador del Atlántico podría nombrar un alcalde encargado. Cabe recordar que el propio José Elías Chams había iniciado vacaciones el 19 de diciembre y atendía despachos desde su vivienda antes de la suspensión formal. Rachid Náder, secretario jurídico del Atlántico, ha sido clave en las verificaciones que respaldaron la clausura.
Investigación por irregularidades en obras clave
La pesquisa fiscal se centra en obras como el alcantarillado en el barrio Evaristo Sourdis, denunciadas inicialmente por los sindicatos que impulsaron todo el proceso de clausura. Esta suspensión busca garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos por más de 4.200 millones de pesos, en un contexto donde Sabanalarga enfrenta desafíos administrativos que demandan una intervención rápida de las autoridades departamentales para restablecer la normalidad institucional.
