El Palacio Municipal de Sabanalarga, en el Atlántico y ubicado en la calle 21 No. 18-46, permanece clausurado desde finales de septiembre debido a graves riesgos estructurales y sanitarios que amenazan la salud y seguridad de los empleados públicos. En medio de esta crisis, la Contraloría Departamental del Atlántico impuso una suspensión provisional al alcalde José Elías Chams, con una vigencia máxima de tres meses, para blindar una investigación fiscal por presuntas irregularidades en proyectos de infraestructura que superan los 4.200 millones de pesos, incluyendo obras de alcantarillado y saneamiento en el barrio Evaristo Sourdis.
La orden de clausura fue emitida por el Ministerio del Trabajo tras denuncias presentadas por los sindicatos Sinserpalsa, Sintraimtdescol y Sintramusa, quienes alertaron sobre condiciones insalubres y peligrosas en el edificio. Verificaciones conjuntas con la Gobernación del Atlántico y la ARL Sura confirmaron el riesgo inminente, lo que obligó a reubicar provisionalmente la administración municipal en dos casas arrendadas y un colegio cercano, hasta que se realicen obras integrales y se obtenga la certificación de la ARL. Mientras tanto, un funcionario local asumió temporalmente las riendas, aunque el gobernador está facultado para nombrar un alcalde encargado.
Condiciones críticas que afectan la salud de los trabajadores
Las instalaciones del Palacio Municipal presentan un panorama alarmante: excrementos de palomas, murciélagos y roedores acumulados por todas partes, junto con humedad extrema, goteras constantes, sistemas eléctricos dañados, baños colapsados, ausencia de extintores y detectores de humo, así como bodegas y archivos inseguros. Estos problemas han impactado directamente la salud de los trabajadores, exacerbando la urgencia de la intervención. Durante sus vacaciones, que iniciaron el 19 de diciembre, el alcalde Chams atendía despachos desde su vivienda particular, lo que resalta la dispersión administrativa provocada por la clausura.
Investigación en marcha por irregularidades millonarias
La suspensión preventiva de José Elías Chams por parte de la Contraloría busca garantizar la transparencia en la pesquisa sobre los contratos cuestionados, valorados en más de 4.200 millones de pesos. Rachid Náder, secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, ha sido clave en las coordinaciones para mitigar los efectos de esta situación, mientras los sindicatos continúan presionando por soluciones definitivas que garanticen un entorno laboral seguro.
Esta crisis en Sabanalarga pone de manifiesto las vulnerabilidades en la gestión pública local y la importancia de las denuncias sindicales para proteger a los servidores públicos, en un contexto donde la Gobernación del Atlántico evalúa medidas adicionales para restablecer la normalidad operativa lo antes posible.
