La Oficina del Alto Comisionado para la Paz suspendió el traslado de Jorge Eliécer Díaz, conocido como alias Castor, líder de la banda Los Costeños, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes, desde las cárceles de El Barne en Cómbita, Boyacá, y La Picaleña en Ibagué hacia los penales El Bosque y La Modelo en Barranquilla, Atlántico. Esta decisión se tomó tras desacuerdos en los compromisos y protocolos exigidos a los capos, con Castor negándose rotundamente y Palomino sin aceptar las condiciones, a pesar de que el movimiento estaba planeado para la semana del anuncio y buscaba facilitar un diálogo de paz urbana entre estas bandas rivales.
El Ministerio de Justicia, el Inpec y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz habían establecido requisitos claros para el traslado, como la voluntad de participar, la definición de su rol e influencia en las estructuras criminales, y su situación jurídica. Alias Castor acumula más de 30 anotaciones judiciales y fue deportado de Venezuela hace tres años, mientras que Palomino comparte reclusión en La Picaleña con Juan Manuel Borré. Los Costeños cuentan con cerca de 600 miembros en Barranquilla y Los Pepes con alrededor de 400, bandas que fueron exaliadas en Los Rastrojos Costeños pero rompieron su alianza durante el periodo de Castor en Venezuela, convirtiéndose en rivales desde entonces.
Rechazo de la alcaldía y debate sobre la paz urbana
La medida generó fuerte oposición de la alcaldía de Barranquilla y de los propios capos, reavivando el debate sobre la paz urbana en la ciudad, donde una tregua entre bandas culmina el 20 de enero. Aunque ha contribuido a reducir la violencia en la región, con 428 homicidios registrados en 2025 frente a 493 en 2024, las autoridades locales cuestionan los riesgos para la seguridad ciudadana.
“Aquí no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de personas que han sido víctimas de la extorsión, pagando hasta con su vida por el mal accionar de estos grupos. No se ha tenido en cuenta el dolor de las madres que han perdido a sus hijos, ni a los comerciantes que han cerrado sus negocios”
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla
El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, defendió las cifras que respaldan la reducción de violencia, afirmando que “las cifras respaldan nuestra afirmación”. La suspensión subraya las tensiones entre los esfuerzos nacionales por el diálogo con estructuras criminales y las preocupaciones locales por la protección de la ciudadanía, dejando en el aire los avances en la paz urbana en Barranquilla.
