En Bogotá, 14 representantes de seis agremiaciones sindicales de taxistas han elevado un derecho de petición dirigido al Concejo de la ciudad y a la Alcaldía Mayor, exigiendo la derogación inmediata del Proyecto de Acuerdo 991 de 2024, aprobado en sesión plenaria el 12 de marzo de 2026. Este proyecto, impulsado por la concejala Cristina Calderón Restrepo, establece lineamientos de seguridad ciudadana para plataformas digitales de transporte como Uber, Didi, Yango, Cabify e InDriver, y fue tramitado desde noviembre de 2025. Los taxistas solicitan además que el alcalde Carlos Fernando Galán se abstenga de firmarlo, argumentando que legitima la operación ilegal de vehículos particulares y motocicletas en el transporte público individual de pasajeros, lo que genera una competencia desleal para los taxis formales que cumplen con los 27 requisitos legales establecidos.
Los firmantes denuncian que el proyecto contradice normativas vigentes, como la Ley 769 de 2002 en su artículo 49 literal e y el artículo 131 con infracción D-12, al reconocer estas plataformas como una alternativa cómoda, rápida y accesible, priorizando viajes seguros, eficientes y sostenibles por encima de los vehículos regulados. Esta aprobación reciente ha desatado un rechazo inmediato del gremio, que advierte sobre contradicciones institucionales, riesgos patrimoniales y penales por prevaricato para el Distrito, ya que el ente territorial no tiene facultad discrecional para decidir qué leyes aplicar.
Voces del gremio taxista
En el documento, los representantes enfatizan el impacto en su sector, destacando cómo los taxis que acatan todas las exigencias normativas se ven perjudicados por la irrupción de servicios irregulares.
“legitima la operación de vehículos particulares y motocicletas en el transporte público individual de pasajeros”
Representantes de taxistas, en el derecho de petición
“No tiene la facultad discrecional de decidir qué leyes aplicar”
Representantes de taxistas, en el derecho de petición
“los vehículos de transporte público individual de pasajeros (taxis) que cumplimos con los 27 requisitos establecidos por la ley y normas en general para operar, nos vemos afectados por la competencia desleal de carros de servicio particular y motocicletas que prestan servicio público de manera ilegal”
Representantes de taxistas, en el derecho de petición
Como alternativas, los taxistas proponen la creación de una plataforma pública estatal integrada, operativos permanentes contra vehículos irregulares y un debate público amplio sobre seguridad y movilidad en la capital, en un contexto de tensiones crecientes entre el transporte tradicional y las aplicaciones digitales que han transformado el panorama urbano bogotano.
