El Gobierno Nacional emitió la circular 0081 del 27 de julio de 2026, en la que recomienda a empleadores públicos y privados habilitar el trabajo en casa durante el mantenimiento programado de la Planta de Regasificación SPEC en Cartagena. La medida, presentada inicialmente por el Ministerio de Minas y Energía y desarrollada administrativamente por el Ministerio del Trabajo, busca reducir la demanda eléctrica en horas de mayor consumo entre el 30 de julio y el 3 de agosto de este año, ante los riesgos asociados a la sequía por el fenómeno de El Niño. Sin embargo, gremios empresariales han objetado la propuesta, señalando que no garantiza una disminución real del consumo, sino que simplemente traslada la demanda de las oficinas a los hogares.
La circular 0081 insta a aplicar el trabajo en casa “cuando resulte jurídica y operativamente viable”, según lo establece la Ley 2088 de 2021, y prioriza la zona Caribe 2, que comprende los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico y Bolívar, por su mayor sensibilidad en la prestación del servicio eléctrico durante la ventana de mantenimiento. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la iniciativa argumentando que “así como el país ha tomado medidas excepcionales en otros momentos para proteger la vida y la economía, hoy debemos actuar de manera preventiva para cuidar nuestra seguridad energética”. El funcionario agregó que este episodio evidencia la necesidad de acelerar cambios estructurales, como una menor dependencia del gas natural, mayores inversiones en energías renovables y una electrificación más amplia de los procesos industriales.
Gremios cuestionan la efectividad de la propuesta
No obstante, los gremios han puesto en tela de juicio tanto la planificación como la eficacia de la medida. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, expresó su preocupación al preguntarse por qué, si el mantenimiento de la regasificadora SPEC “hace parte de la operación normal de la infraestructura energética del país”, no fue necesario acudir a disposiciones similares en años anteriores. Para el dirigente gremial, la medida no garantiza una disminución real de la demanda energética, sino que “simplemente traslada el consumo desde las empresas hacia los hogares”. Cabal fue más allá al cuestionar si “la ausencia de previsión responde simplemente a una gestión deficiente o si se está dejando deliberadamente un escenario de alta tensión energética para que sea el próximo Gobierno quien asuma las consecuencias”.
«La energía eléctrica no me cambia el consumo porque igual los computadores lo tengo que usar en la casa, tengo que prender los bombillos, tengo que usar las hornillas eléctricas o incluso consumir para hacer el almuerzo durante la jornada, entonces al final del día lo que yo estoy haciendo es que traslado una energía eléctrica al consumo de unos sitios donde puede que sea más eficiente tener mucha gente trabajando en el mismo sitio que tenerlos diseminados en sus casas»
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), respaldó esa postura al advertir que el consumo de energía no se reduce con la medida. En sus declaraciones, recordó que durante la pandemia de COVID-19, cuando el trabajo en casa se generalizó, el consumo en los hogares aumentó significativamente, lo que obligó al Gobierno a otorgar subsidios vía opción tarifaria. “Incluso el consumo de los hogares aumentó precisamente porque la gente tuvo que vivir encerrada, y ahí nos tocó darle un subsidio a la gente, desde la opción tarifaria, es porque a todo el mundo se le subió el consumo de energía eléctrica en sus hogares”, explicó Castañeda. Según datos de Fenalco, cerca del 70% de la generación eléctrica del país en esta época del año proviene de fuentes hídricas, siendo el gas natural un complemento, lo que pone en duda la pertinencia de una medida que no ataca el fondo del problema estructural de la matriz energética colombiana. La propuesta gubernamental, que busca proteger la seguridad energética durante los cinco días de mantenimiento, queda así en el centro de un debate sobre la planificación y la eficiencia de las decisiones oficiales frente a los riesgos del fenómeno de El Niño.
