Políticos colombianos han reaccionado con dureza al testimonio de Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, ante la Fiscalía General de la Nación, en el que acusa a la disidencia de las Farc conocida como Segunda Marquetalia de haber ordenado el asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, mientras sus líderes participaban en diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro bajo el proceso de Paz Total. El atentado ocurrió el 7 de junio de 2025 en el Parque El Golfito de Modelia, en Bogotá, dejando a Uribe Turbay gravemente herido y en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, donde falleció más de dos meses después, el 11 de agosto de 2025. La declaración, difundida por la Revista Semana, vincula directamente el crimen a las negociaciones impulsadas por el Ejecutivo.
El testimonio revive el debate sobre la violencia política en Colombia y cuestiona la eficacia y transparencia del proceso de Paz Total, al revelar que los presuntos ordenantes del homicidio mantenían mesas de diálogo con el Gobierno. Figuras como el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, la senadora y candidata del Centro Democrático Paloma Valencia, el representante a la Cámara Andrés Forero, el exministro y exsenador David Luna, el exministro de Defensa y excandidato presidencial Juan Carlos Pinzón Bueno, y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, han elevado sus voces para criticar la política de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el rol del senador Iván Cepeda en las gestiones.
Reacciones que señalan responsabilidades directas
Abelardo de la Espriella fue enfático al afirmar que “no se debe premiar a los criminales con impunidad” y acusó directamente al presidente Petro de ser “el instigador, el generador del odio”. Por su parte, Paloma Valencia destacó que “los que mataron a Miguel Uribe tienen fotos abrazados con Iván Cepeda. Lo mandaron a matar mientras negociaban la paz total con Iván Cepeda”. Andrés Forero fue aún más directo al declarar: “A Miguel lo mandó matar un ‘gestor de paz’ beneficiado por el gobierno de Gustavo Petro en el marco de la ‘paz total’ de Iván Cepeda. ¿Se puede hablar de crimen de Estado? Iván Márquez ordenó matar a Miguel Uribe. Es un hecho, no una opinión”.
“la Paz Total no fue un invento ingenuo: fue una estrategia deliberada para darle oxígeno a criminales que traicionaron el acuerdo de paz”
David Luna, exministro y exsenador
David Luna insistió en que “hay dos nombres que no pueden evadirlas: Gustavo Petro e Iván Cepeda”, mientras Federico Gutiérrez cuestionó la gravedad del hecho al decir que “fue un gestor de paz designado por Petro quien dio la orden” y que “Colombia no puede seguir como si nada”. Juan Carlos Pinzón Bueno demandó asistencia judicial de Estados Unidos, el Reino Unido y agencias internacionales para esclarecer el caso, en un contexto que también menciona a líderes de la Segunda Marquetalia como Iván Márquez y Jesús Santrich, así como al expresidente Juan Manuel Santos.
Demanda de investigaciones y cierre de procesos
Las reacciones políticas exigen el cierre de la JEP, investigaciones exhaustivas contra el presidente Petro y el senador Cepeda, y una mayor cooperación internacional, argumentando que el atentado no solo representa un acto de violencia política sino una falla estructural en las negociaciones con grupos armados que traicionaron acuerdos previos. Este testimonio pone en jaque la estrategia de Paz Total y reaviva el escrutinio sobre la transparencia en los diálogos, dejando al país en un momento de profunda polarización ante la necesidad de justicia por la muerte de Miguel Uribe Turbay.
