En una revelación que sacude el escenario político y judicial entre Colombia y Estados Unidos, el exnarcotraficante Juan Fernando Álvarez Meyendorff, actualmente testigo protegido de la DEA, radicó una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El denunciante acusa al mandatario de estar involucrado en el presunto direccionamiento de procesos de extinción de dominio y lavado de activos en su contra y contra su familia, como represalia por su condición de testigo clave en territorio estadounidense. La denuncia se sustenta en documentos de 2025 que detallan la unificación de casos contra los hermanos Álvarez Meyendorff y su organización.
Álvarez Meyendorff, quien llegó a ser miembro de la llamada «junta del narcotráfico» señalada por el propio Petro, asegura haber declarado en al menos tres ocasiones ante fiscales de Nueva York sobre supuestos aportes irregulares en dólares a campañas políticas del entonces candidato. Como resultado, sostiene que la Fiscalía General de Colombia ha actuado para perseguirlo judicialmente a él y a sus allegados. El macro caso de extinción de dominio conocido como «Meyendorff» ha implicado la incautación de bienes valorados en más de dos billones de pesos colombianos, un proceso que se extiende por más de trece años sin una resolución definitiva y que ha estado a cargo de al menos seis fiscales diferentes, algunos de ellos investigados o ya condenados.
Los argumentos del denunciante
En los documentos presentados ante la comisión estadounidense, Álvarez Meyendorff afirma con contundencia que «el señor presidente Gustavo Francisco Petro ha estado involucrado en el direccionamiento de los procesos de extinción de dominio y lavado de activos en contra de mi hermano y las personas cercanas a él. Este direccionamiento ha sido causado teniendo en cuenta que yo, Juan Fernando Álvarez Meyendorff, soy testigo en contra de él en Estados Unidos». El testigo protegido también denuncia irregularidades en el manejo de su expediente judicial en Colombia: «Llama la atención que la Fiscalía actúe con tanta vehemencia y con tanto poder. Hace documentos, quita, borra todas las declaraciones de renta que se hicieron; las borraron con tanta ilegalidad, de una forma tan direccionada e instrumentalizada, con tanta confianza y con tanto poder».
«El señor presidente Gustavo Francisco Petro ha estado involucrado en el direccionamiento de los procesos de extinción de dominio y lavado de activos en contra de mi hermano y las personas cercanas a él. Este direccionamiento ha sido causado teniendo en cuenta que yo, Juan Fernando Álvarez Meyendorff, soy testigo en contra de él en Estados Unidos».
Juan Fernando Álvarez Meyendorff, denunciante y testigo protegido de la DEA
Frente a estas acusaciones, el Gobierno de Colombia y la Embajada en Washington han rechazado de plano cualquier señalamiento, afirmando que carecen de fundamento jurídico y fáctico, y que no existen investigaciones formales contra el presidente Petro en Estados Unidos. En paralelo, el denunciante ha señalado que los supuestos aportes irregulares a las campañas de Petro se canalizaron a través del empresario Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del mandatario, en reuniones realizadas en una finca de Zipaquirá. Gutiérrez Robayo ha negado cualquier vínculo con esas transacciones, mientras que Petro ha manifestado que cortó relación con él hace años y que el vínculo familiar no constituye un lazo legal.
El caso adquiere una dimensión internacional particular luego de la reciente inclusión de Petro en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). La defensa de Álvarez Meyendorff señala además irregularidades en el proceso colombiano, como la eliminación de registros, la manipulación de pruebas y la apertura de diligencias contra su propia abogada por el simple ejercicio de la defensa. Mientras tanto, la Comisión de Acusación de la Cámara estadounidense evalúa los documentos presentados, en un contexto donde las relaciones bilaterales y la lucha contra el lavado de activos vuelven a estar en el centro del debate.
