Podría tratarse de una nota que aborda la controversia generada por la indagación preliminar de la Corte Suprema contra los excongresistas del partido Comunes, Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarcá, por su presunta vinculación con el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. El líder de esa colectividad, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, calificó la decisión como una “campaña de estigmatización” y advirtió sobre el peligro que representan este tipo de señalamientos para los firmantes de la paz.
Indagación en etapa inicial
La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, bajo la magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano —quien llegó al cargo en septiembre de 2026 en reemplazo de Francisco Javier Farfán—, abrió una investigación preliminar a partir de las copias remitidas por la Fiscalía el 20 de octubre del mismo año. El expediente incluye información de María Claudia Tarazona, cuya autenticidad está siendo verificada bajo reserva judicial, y se encuentra en una fase de recolección de elementos para determinar si existen méritos para una indagación formal.
Londoño no solo rechazó las imputaciones, sino que vinculó este movimiento judicial con las declaraciones del entonces presidente electo, hoy presidente, Abelardo de la Espriella, realizadas el 13 de julio de 2026. Según el líder de Comunes, aquellas afirmaciones son un factor de riesgo porque «llevan a los grupos armados a ver los firmantes como objetivo». En ese sentido, señaló que el hostigamiento se ha intensificado y puso como ejemplo un incidente ocurrido en Medellín el 15 de octubre de 2026, cuando un hombre amenazó con un cuchillo a Camila Carreño Jiménez, hija del firmante Carlos Alberto Carreño, profiriendo la frase: «¿Sabe quién tiene este caminado? Los guerrilleros».
Cifras y contexto de violencia
Durante una audiencia, Londoño expuso datos contundentes: hasta la fecha de su declaración, la Unidad Especial de Investigación reportaba 427 casos de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada de firmantes de paz, de los cuales apenas 63 habían llegado a una sentencia condenatoria. “La seguridad jurídica también es seguridad”, afirmó, al tiempo que rechazó cualquier iniciativa que plantee el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz en 2028.
“No ha sido citado, vinculado ni imputado, pero hoy es un objetivo”
Rodrigo Londoño, líder del partido Comunes, refiriéndose a Marcos Calarcá
Es importante recordar que Sandra Ramírez se desempeñó como senadora por Comunes, mientras que Luis Alberto Albán, quien fungió como representante a la Cámara entre 2018 y 2026, fue uno de los negociadores de las Farc en La Habana. La indagación en su contra aún no implica una imputación formal, pero el solo hecho de ser mencionados en este contexto, sumado a los señalamientos desde altas esferas del poder, genera una atmósfera que, según Londoño, pone en riesgo la vida de quienes apostaron por la paz.
