En un giro sin precedentes para la lucha contra la corrupción en Colombia, la Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles de una investigación que sacude los cimientos del Fondo Mixto Sierra Nevada, un organismo creado en marzo de 2021 en La Paz (Cesar) que se convirtió en el epicentro de un entramado criminal que habría desviado más de tres billones de pesos. La investigación, que se conoció inicialmente hace una semana cerca del 2 de agosto de 2024 y cuyos detalles más recientes se revelaron el 9 de agosto, establece que una red delictiva organizada liderada por la familia Daza controló de manera sistemática la contratación pública en al menos 19 departamentos del país, afectando directamente los recursos de las regalías. El caso, que nace de una denuncia del Departamento Nacional de Planeación (DNP), marca un hito en la justicia colombiana al ser la primera vez que se aplica la figura de Grupo Delictivo Organizado (GDO), usualmente reservada para casos de narcotráfico o minería ilegal, a un entramado de corrupción administrativa.
El entramado, que operó desde el mismo momento de la constitución del fondo con un capital inicial de solo cinco millones de pesos, logró captar y administrar la asombrosa suma de 2,7 billones de pesos en contratos públicos, recibiendo 3,1 billones de pesos para ejecutar 480 contratos en todo el territorio nacional. Entre los implicados se encuentran Martín Zuleta, exalcalde de La Paz (Cesar) y principal impulsor del proyecto, Ramiro González, actual alcalde de María La Baja, así como Esteban José Cleves Daza, Andrés Felipe Cleves Daza, María Alexandra Pérez Daza y Patricia Cerchiaro Carranza, quienes conformaban el núcleo operativo de esta organización criminal. La Fiscalía también investiga a cinco gobernadores y dos exgobernadores que habrían facilitado el esquema, el cual se apoyaba en disposiciones legales que permitían un régimen de contratación exceptuado, una figura que presuntamente fue explotada sin ningún tipo de control efectivo.
La estructura criminal del Fondo Mixto Sierra Nevada
La mecánica del fraude, según detalló la Fiscalía en la diligencia conocida por la revista Cambio, incluía un elaborado sistema que involucraba la creación de un «pool de proveedores» que permitía a los directivos del fondo controlar de manera discrecional la adjudicación de los contratos, los cuales eran entregados «a dedo» sin ningún proceso de licitación transparente. La gravedad del esquema radicaba en que los mismos directivos del fondo estructuraban los proyectos y luego se contrataban a sí mismos como apoyo a la supervisión, creando un conflicto de interés permanente que garantizaba la impunidad de sus acciones. El sistema se complementaba con la utilización de empresas ‘satélite’, que al parecer eran compañías de papel creadas específicamente para recibir los recursos públicos y desviarlos a cuentas personales de los implicados.
«Establecieron un pool de proveedores, controlando de forma discrecional la adjudicación de los contratos, entregándolos a dedo. Los mismos directivos del fondo estructuraban los proyectos, se contrataban a sí mismos como apoyo a la supervisión, entre otras figuras, también utilizando empresas ‘satélite’ que, al parecer, son empresas de papel»
Fiscalía General de la Nación, en diligencia conocida por la revista Cambio
La sofisticación del entramado llegaba incluso a simular la presencia física de los involucrados en actos contractuales cuando en realidad se encontraban fuera del país. Uno de los casos más notorios, señalado por la Fiscalía, es el de Andrés Felipe Cleves Daza, quien registraba presencia física en reuniones y firmas de contratos mientras que los registros migratorios demostraban que ni siquiera se encontraba en Colombia. Esta situación fue evidenciada con pruebas contundentes cuando la Fiscalía y Migración Colombia confrontaron los documentos oficiales con los movimientos migratorios reales del implicado, desenmascarando una red de falsificaciones documentales que se extendía incluso a las certificaciones de los socios del fondo.
Un esquema de alcance nacional con protección institucional
El fondo, que fue creado por impulso del entonces alcalde Martín Zuleta aprovechando las disposiciones legales sobre designación de ejecutores públicos con régimen de contratación exceptuado, se convirtió en un instrumento perfecto para el desvío de recursos. La entrada de la Alcaldía de María La Baja como socio público en agosto de 2024, un movimiento estratégico de la organización, permitió que el fondo continuara recibiendo recursos del sistema de regalías, aunque el municipio nunca realizó el aporte económico prometido, según confirmó la Fiscalía en sus investigaciones. Los analistas del caso destacan que la red estaba controlada desde su origen por la familia Daza, con conexiones directas a empresas vinculadas al contratista Emilio Tapia, uno de los nombres más reconocidos en los escándalos de corrupción del país, lo que sugiere una red de colaboración mucho más amplia de lo inicialmente establecido.
El Departamento Nacional de Planeación fue el primero en encender las alarmas al detectar irregularidades en 143 proyectos financiados por el fondo, una cifra que evidencia la magnitud del desfalco que supera los tres billones de pesos. Como resultado de las investigaciones, se han realizado 13 capturas de los presuntos integrantes de la organización, aunque el caso reveló un escándalo adicional: la pérdida de documentación clave dentro de la misma Fiscalía, lo que llevó a las autoridades a compulsar copias para determinar responsabilidades internas y establecer si hubo complicidad o negligencia que facilitara la destrucción de evidencias. Andrés Felipe Cleves Daza, quien había decidido supuestamente desligarse del fondo, habría comprado una empresa de ingeniería para ingresarla como socia justo antes de formalizar su salida, simulando un desligamiento que en realidad solo buscaba proteger sus intereses económicos dentro del entramado criminal.
Este caso, que combina la gravedad del desvío de recursos públicos con la sofisticación de una organización criminal que operaba con impunidad, se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la corrupción en Colombia y plantea serias preguntas sobre la eficacia de los controles institucionales para prevenir este tipo de fraudes que afectan directamente el desarrollo de las regiones más vulnerables del país. La investigación continúa su curso y las autoridades han manifestado su compromiso de llegar hasta las últimas consecuencias, mientras la opinión pública espera que este caso siente un precedente contundente contra la impunidad en el manejo de los recursos de las regalías.
