Cuatro mineros artesanales perdieron la vida la tarde del miércoles 30 de septiembre de 2026, tras ser sepultados por un deslizamiento de tierra al interior de un socavón en una mina de oro del sector Pisares, en la zona alta del río Saija, municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca. El accidente ocurrió hacia las 4:20 de la tarde, cuando los trabajadores realizaban labores propias de la minería artesanal en el lugar. Las identidades de las víctimas aún no han sido establecidas por las autoridades, mientras que la comunidad de la zona se volcó de inmediato a las tareas de remoción de material para intentar recuperar los cuerpos, sin éxito hasta el momento.
Según líderes sociales de la localidad citados por El País, cientos de personas se trasladaron hasta el punto del deslizamiento para ayudar en las labores de rescate, pero la enorme cantidad de tierra que cayó sobre los mineros hizo imposible su supervivencia. «Ellos están muertos, eso es una realidad, con toda esa cantidad de tierra que les cayó», afirmaron los líderes comunitarios, mientras que representantes sociales de la zona pidieron prudencia en la manipulación del terreno: «Eso toca hacerlo con calma». La dificultad para acceder al sector, sumada al riesgo asociado al conflicto armado, ha impedido que miembros de la fuerza pública lleguen hasta Pisares para apoyar el operativo.
La minería de subsistencia, una tradición en riesgo
La emergencia ocurre en un territorio donde la minería artesanal constituye una de las principales fuentes de ingresos para las familias asentadas en las riberas del río Saija. La líder social y defensora de la minería artesanal en el vecino Chocó, Gizette Mosquera, explicó que esta actividad no puede equipararse con la minería ilegal que financian los grupos armados. «La minería de subsistencia es la que viene de generación en generación y en territorios que, por tradición, han sido mineros, como el departamento del Chocó», señaló Mosquera, quien además cuestionó los operativos de destrucción de maquinaria que adelanta el Estado. «La gente necesita su sustento. Entonces, si hay minería ilegal o si hay minería artesanal, al final lo que necesitan las personas es comer y subsistir», agregó.
El accidente mortal en Timbiquí reabre el debate sobre la política contra la minería ilegal en la región del Pacífico, donde la presencia de grupos armados como el Clan del Golfo ha convertido esta actividad en una fuente de financiación delictiva. La líder social insistió en que es necesario diferenciar a las organizaciones criminales de las familias tradicionales que dependen de la minería de subsistencia, y advirtió que la expansión de la minería ilegal y la presencia armada son un desafío que debe atender el Estado.
«Ellos están muertos, eso es una realidad, con toda esa cantidad de tierra que les cayó»
Líderes comunitarios de la zona, sector Pisares
La respuesta institucional y el proyecto de ley
Mientras los habitantes de Timbiquí esperan que las autoridades determinen las circunstancias exactas del deslizamiento tras el rescate de los cuerpos, en el ámbito legislativo se tramita una iniciativa que podría cambiar el destino de la maquinaria incautada en operativos contra la minería ilegal. La congresista Astrid Sánchez Montes Meoca impulsa un proyecto de ley para que la maquinaria amarilla decomisada no sea destruida, sino que se convierta en herramienta de desarrollo para las comunidades. La propuesta busca atender la falta de ingresos que padecen las poblaciones tradicionales, tal como lo ha señalado Mosquera, quien cuestionó que la destrucción de equipos en los operativos no resuelve el problema de fondo.
En medio de este panorama, el gobierno de De la Espriella, citado en el texto original, habría orientado al Ministerio de Defensa para evitar que la minería ilegal se consolide en estos territorios del litoral pacífico. Sin embargo, la tragedia de Pisares evidencia la fragilidad en la que se desarrolla la actividad minera artesanal, donde la falta de equipos especializados y las precarias condiciones de seguridad convierten cada jornada en un riesgo latente para quienes dependen del oro para subsistir. La comunidad, mientras tanto, continúa con las labores de remoción de escombros, a la espera de que el Estado responda con presencia efectiva y garantías para una actividad que, en palabras de sus propios protagonistas, es una herencia que no puede ser criminalizada.
