TransMilenio anunció un aumento de 350 pesos en la tarifa del pasaje, elevándola a 3.550 pesos, una medida destinada a cubrir los costos operativos para el año 2026 en Bogotá. Esta decisión, impulsada por la revisión de proyecciones técnicas tras el decreto nacional que fija un incremento del 23 por ciento en el salario mínimo, ha generado fuertes críticas políticas. La congresista María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, la calificó de irracional y favorable al empresariado, en el marco de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán. Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general en ejercicio de TransMilenio, explicó que inicialmente se proyectaba un alza del 11 por ciento en el salario mínimo, lo que implicaba un ajuste de 250 pesos, pero el nuevo 23 por ciento requirió un incremento adicional de 100 pesos.
El sistema de transporte masivo en Bogotá moviliza más de cuatro millones de viajes diarios en días hábiles, y este ajuste busca garantizar su operación ininterrumpida y sostenibilidad financiera frente al alza salarial decretada por el Gobierno nacional. Inicialmente, el compromiso del Estado era de 938 mil millones de pesos, pero el presidente Gustavo Petro ha ofrecido 1.5 billones, lo que representa 562 mil millones adicionales, condicionados a su ingreso este año al Distrito. En respuesta, el alcalde Galán señaló que si esos recursos llegan, no se subirá la tarifa. No obstante, Petro advirtió que elevar el pasaje solo disminuiría la demanda y agravaría el déficit financiero de las troncales de buses.
Críticas y posibles impactos
María Fernanda Carrascal cuestionó la medida desde una perspectiva de política pública orientada al bienestar social, argumentando que beneficia a dueños de negocios basados en rentismo y opacidad, sin réditos tangibles para la ciudadanía bajo el gobierno de Galán. Entre las posibles consecuencias se destacan un aumento de colados, una menor demanda de usuarios y una profundización del déficit operativo. A pesar del ajuste general, los subsidios distritales se mantienen para adultos mayores, personas en discapacidad y beneficiarios de Sisbén A y B, quienes conservan pasajes gratuitos, al igual que el valor del abono mensual Transmi Paz, sin modificaciones. Además, Petro ha propuesto recursos nacionales para impulsar la flota eléctrica de transporte en la capital.
«Inicialmente, habíamos proyectado un incremento del salario mínimo del 11%. Eso nos arrojaba, con estudios técnicos soportados, que la tarifa debía subir $250. Sin embargo, con el anuncio del Gobierno nacional, mediante el cual decretó un aumento del salario mínimo en un 23%, tuvimos que hacer nuevas modelaciones, que nos arrojaron un aumento adicional de $100».
Pedro Mauricio Gutiérrez, gerente general (e) de TransMilenio
«Esto es irracional desde el punto de vista de una política pública pensada para el bienestar social, pero no lo es desde la lógica de @CarlosFGalan que no gobierna para la ciudadanía sino para los dueños de un negocio basado en el rentismo y la opacidad, que no redunda en ningún beneficio social tangible».
María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara
«Pero si la decisión es subir el pasaje, que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces».
Gustavo Petro, presidente de Colombia
«Presidente, hasta ahora el Gobierno nacional se ha comprometido a aportar 938 mil millones. Usted habla de 1.5 billones, lo que significa 562 mil millones adicionales. Si esa plata entra este año al Distrito, cuente que con que no subiremos la tarifa de Transmilenio».
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá
El debate pone en evidencia las tensiones entre el Distrito y el Gobierno nacional por la financiación del transporte público, en un contexto donde la sostenibilidad del sistema depende de equilibrios delicados entre tarifas, subsidios y aportes estatales.
