Transparencia por Colombia calificó como “deficiente” la gestión anticorrupción del gobierno de Gustavo Petro en Colombia, al concluir que al cierre del cuatrienio 2022-2026 no se consolidaron cambios estructurales en el Estado. La organización publicó un informe de evaluación de las políticas de integridad y transparencia de la administración saliente, en el que revisó iniciativas como la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, los Programas de Transparencia y el Sistema Nacional de Integridad.
El balance señala que la estrategia nacional “inició con impulso discursivo y algunas medidas relevantes, pero no consolidó cambios estructurales”, y que con el tiempo “terminó concentrándose en acciones puntuales y fragmentadas, algunas de ellas ya contempladas en el marco normativo vigente”. De esta forma, la organización advierte que las acciones impulsadas por el Ejecutivo no lograron transformaciones de fondo para enfrentar la corrupción.
Un balance con luces y sombras
A pesar de las críticas, el informe reconoce avances puntuales. Entre ellos se destacan la reglamentación de los Programas de Transparencia y Ética, la creación del Sistema Nacional de Integridad, el Grupo de Transparencia del Sector Defensa y la Línea 157 para la recepción de denuncias. En materia de contratación pública, se consolidaron el SECOP II y la Tienda Virtual del Estado, aunque persisten problemas de migración y calidad de datos. Frente al acceso a la información, se inició la formulación de la Política Pública de Acceso a la Información, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, pero no fue aprobada.
En el frente de la reforma política, dos proyectos de acto legislativo no completaron su trámite en el Congreso y no se actualizó la Política Penal Electoral, cuya vigencia venció en 2025. En materia ambiental y de paz, la organización destaca avances como el Fondo para la Vida y la Biodiversidad y las 16 bolsas subregionales del Acuerdo de Paz, pero advierte sobre riesgos de discrecionalidad y falta de vigilancia en su ejecución.
“Estuvo inmerso en múltiples escándalos relacionados con funcionarios cercanos”.
Transparencia por Colombia, informe de evaluación
Esa situación, según el informe, afectó la credibilidad de la agenda anticorrupción. A esto se suman “los cuestionamientos públicos del presidente Gustavo Petro hacia una exfuncionaria que denunció presuntos hechos de corrupción”, un episodio que la organización advierte como un factor que puede desincentivar futuras denuncias y debilita la protección a los denunciantes.
Frente al próximo gobierno, el informe entrega recomendaciones al presidente electo Abelardo de la Espriella. Entre ellas, consolidar una política anticorrupción de Estado, fortalecer la protección a los denunciantes, modernizar el SECOP, aprobar la política de acceso a la información y actualizar la política penal electoral. La organización subraya que estos pasos son indispensables para avanzar hacia transformaciones reales y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones.
