La Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, emitió el pasado 5 de mayo de 2026 la Circular 002, mediante la cual ordena a todas las entidades estatales del país reportar de forma obligatoria sanciones, multas e inhabilidades de contratistas en las plataformas oficiales. La medida responde a un preocupante subregistro detectado en los mecanismos de antecedentes de proveedores, que permitía a empresas con sanciones previas continuar participando en licitaciones públicas sin restricciones. La circular aplica a todas las entidades sin importar su régimen de contratación y establece que los reportes deben realizarse en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), la Procuraduría General de la Nación y el Registro Único Empresarial y Social (RUES), administrado por las cámaras de comercio. Los funcionarios públicos que omitan esta información podrían enfrentar sanciones disciplinarias, según advierte la directiva.
La decisión se sustenta en una consultoría realizada entre Colombia Compra Eficiente y el Banco Mundial, que reveló fallas sistémicas en el registro de antecedentes de proveedores estatales. Entre los hallazgos más críticos se identificó la ausencia de interoperabilidad entre las bases de datos oficiales, lo que generaba vacíos de información y facilitaba que empresas inhabilitadas —con periodos de sanción de entre tres y cinco años según la Ley 80 de 1993— siguieran contratando con el Estado. Múltiples entidades no reportaban adecuadamente declaratorias de caducidad, incumplimientos contractuales, multas, sanciones, inhabilidades o sentencias condenatorias vinculadas a procesos de contratación pública. Este escenario incrementaba los riesgos de transparencia y corrupción, especialmente en contratos de infraestructura, salud y ejecución regional, donde organismos de control como la Procuraduría, Contraloría y Fiscalía han advertido en los últimos años sobre irregularidades recurrentes.
Con la nueva circular, todas las entidades estatales deberán ajustar sus procesos internos para garantizar reportes oportunos y completos, bajo la amenaza de consecuencias disciplinarias para los funcionarios que incumplan. Expertos en contratación pública señalan que la trazabilidad sobre proveedores es clave para evitar que empresas sancionadas participen mediante vacíos de información o inconsistencias entre plataformas. La medida busca cerrar esos espacios, fortalecer los controles preventivos y reducir la reincidencia contractual, en un contexto donde la contratación estatal mueve miles de millones de pesos al año y la opacidad en los historiales de los contratistas ha sido una debilidad histórica del sistema.
