El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el traslado de 33 personas privadas de la libertad desde San Andrés hacia cárceles de máxima seguridad en Bogotá, en una operación que se ejecutó el sábado 31 de octubre y que fue coordinada entre la Fuerza Aérea Colombiana, la Policía Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). La medida busca impedir que estructuras criminales mantengan influencia desde los centros de reclusión y reforzar el control penitenciario en el país.
El mandatario confirmó la decisión a través de su cuenta en la red social X, donde aseguró que no permitirá que las organizaciones delincuenciales sigan sembrando el miedo ni pretendan desafiar al Estado desde las cárceles. «He ordenado el traslado de 33 personas privadas de la libertad desde San Andrés hacia Bogotá, en una operación coordinada entre nuestra gloriosa Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional», escribió De la Espriella, quien añadió que en la denominada «era del Tigre» la autoridad se respeta y las órdenes se cumplen.
Operación de alto impacto penitenciario
La operación incluyó un despliegue aéreo desde la isla de San Andrés, custodia nocturna, control y un ingreso rutinario a los centros de máxima seguridad en la capital. Los 33 reclusos fueron considerados por el Gobierno como internos de alto perfil delincuencial, aunque hasta el momento las autoridades no han publicado sus identidades, los delitos por los que están privados de la libertad ni las cárceles específicas a las que fueron asignados. El INPEC divulgó un video institucional del traslado aéreo, pero no se ha informado si la medida corresponde a una investigación concreta ni si se adoptarán acciones judiciales complementarias.
«No permitiremos que las estructuras criminales sigan sembrando el miedo ni pretendan desafiar al Estado desde las cárceles. Aquí no hay espacio para privilegios ni contemplaciones con la delincuencia».
Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia
El traslado ocurrió apenas 15 días después de que el Gobierno realizara un Consejo de Seguridad en San Andrés, donde se anunciaron refuerzos en controles marítimos, aéreos, inteligencia, videovigilancia y presencia de fuerza pública para combatir delitos como narcotráfico, contrabando, microtráfico, extorsión y préstamos ilegales conocidos como «gota a gota». La medida se enmarca en la estrategia del Ejecutivo contra las redes criminales que operan desde las prisiones, aunque no se ha confirmado si alguno de los nombres mencionados en ese consejo como presuntos criminales en el archipiélago hace parte del grupo de 33 trasladados.
Las autoridades tampoco han especificado los criterios utilizados para clasificar a estos internos como reclusos de alto perfil ni si alguno de ellos enfrenta procesos adicionales por actividades ilícitas desde el centro de reclusión. «A los criminales les digo con absoluta claridad: en la era del Tigre, la autoridad se respeta y las órdenes se cumplen», sentenció el presidente De la Espriella, en un mensaje que refuerza la postura de su Gobierno frente al crimen organizado.
