El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó el traslado del mayor Edgar Iván Pérez, director de la cárcel La Dorada, en Caldas, luego de que se revelaran los permisos que autorizaron el ingreso de personal médico e insumos estéticos para Óscar Camargo Ríos, alias Pichi, condenado a 52 años de prisión. La decisión se conoció tras la divulgación de documentos que muestran cómo, el 25 de mayo de 2026, el entonces director firmó una autorización para una valoración dermatológica, y aproximadamente un mes después ingresaron al penal un cirujano y tres auxiliares de enfermería. El inventario de los elementos que ingresaron incluye 39 artículos, entre ellos 14 jeringas de ácido hialurónico, toxina botulínica, cánulas, una mentonera, cilindros portátiles, máscaras laríngeas y un monitor multiparámetros, lo que ha generado un fuerte cuestionamiento sobre los controles carcelarios y las condiciones de reclusión de un interno de alto perfil.
Alias Pichi, señalado como cabecilla de la estructura criminal Los de San Rafa, con presencia en Bucaramanga y su área metropolitana, fue condenado en junio de 2025 por el Tribunal Superior de Bucaramanga a 624 meses de prisión, es decir, 52 años, por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. La misma sentencia le impuso una multa de 4.281,33 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de 20 años para ejercer funciones públicas. El tribunal revocó un fallo absolutorio previo y negó la prisión domiciliaria, por lo que el recluso permanece bajo custodia del Inpec. Las imágenes recientes de Camargo Ríos muestran diferencias físicas frente a su reseña de diciembre de 2024, aunque no prueban de manera concluyente una cirugía o procedimiento estético.
Los permisos autorizados
Los documentos divulgados por Noticias RCN detallan que la autorización inicial del 25 de mayo de 2026 permitió el ingreso de una profesional para valoración dermatológica. Cerca de un mes después, ingresaron el cirujano Julián David Duarte Ortiz y tres auxiliares de enfermería para una atención definida como «dermatológica integral». El cirujano confirmó su asistencia junto con los auxiliares, pero negó haber realizado una cirugía o retoques faciales con productos médico-estéticos. La dirección del penal habría sostenido que el acceso del equipo médico respondió a un derecho de petición presentado por la defensa del interno. La información divulgada no precisa el diagnóstico de Camargo Ríos, el tratamiento aplicado ni si se emplearon todos los insumos autorizados.
Paralelamente, el CTI de la Fiscalía inspeccionó la cárcel tras conocerse las autorizaciones y halló dentro del penal 8 millones de pesos en efectivo, además de documentos y dispositivos electrónicos. Las autoridades buscan establecer el origen de ese dinero y determinar si existieron irregularidades en la concesión de los permisos. El mayor Edgar Iván Pérez también enfrenta una investigación disciplinaria de la Procuraduría por una fiesta vallenata ocurrida en la cárcel de Itagüí, donde trabajó antes de su traslado a La Dorada.
El contexto judicial de alias Pichi
Óscar Camargo Ríos ya había estado bajo la lupa de la justicia. En octubre de 2024 se fugó mientras cumplía detención domiciliaria en Medellín, y fue recapturado el 9 de diciembre de ese mismo año en Copacabana, Antioquia. Su expediente judicial lo vincula con cuatro víctimas: Jeison Fabián Callejas Flórez, Marlon Yesid Rúgeles Martínez, Sergio Silva Sánchez y Jefferson Eduardo Delgado Rincón. Además, según las pruebas presentadas por la Fiscalía, alias Pichi habría continuado al frente de Los de San Rafa entre octubre de 2018 y diciembre de 2020 desde la cárcel La Picota de Bogotá, lo que demuestra su capacidad para dirigir operaciones criminales incluso desde prisión. El caso ha reactivado el escrutinio sobre el sistema penitenciario colombiano y la necesidad de reforzar los controles en los centros de reclusión para evitar privilegios a internos de alto perfil.
