La Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) lanzó una alerta urgente por el grave riesgo que enfrenta el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) tras el asesinato del inspector Efraín Quesada Urrego en Santander y el reciente ataque a tiros contra un funcionario en Ibagué, hechos que coinciden con el traslado de veinte presos de alta peligrosidad al penal de Palogordo, en Girón. El sindicato denuncia que la falta de medidas de protección y la omisión de advertencias previas por parte de las direcciones del Inpec están costando vidas.
El ataque más reciente ocurrió en la noche del sábado 8, cuando dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra Hedilbey Durán Serrano, funcionario del Inpec, y su hermano, mientras se encontraban en un billar del barrio Jardín, en Ibagué. Durán Serrano recibió dos impactos de bala, uno en el brazo y otro en la pierna, y fue trasladado de emergencia al Hospital Federico Lleras Acosta junto con su hermano, quien también resultó herido. Las autoridades investigan el hecho como un atentado dirigido, sin descartar otras hipótesis.
Asamblea informativa permanente
La UTP, en cabeza de su presidente Óscar Robayo, aseguró que estos ataques son retaliaciones directas por el cumplimiento del deber dentro de las cárceles. “Son las represalias de cumplir bien nuestra labor dentro de las cárceles. Es evidente que estas personas no pierden su poder delincuencial dentro de las cárceles, ni siquiera cumpliendo una medida privativa de la libertad”, afirmó Robayo. El sindicato también cuestionó a la Dirección General del Inpec, a la Regional Oriente y a la dirección de la cárcel de Palogordo por no atender las advertencias previas sobre las amenazas que pesaban sobre el personal. Ante la falta de respuestas, la UTP inició una asamblea informativa permanente para exigir protección y soluciones inmediatas.
“No queremos más funcionarios del Cuerpo de Custodia muertos”
Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP)
El traslado de los veinte reclusos de alto perfil al penal de Palogordo, en Girón, Santander, se suma a un contexto de creciente inseguridad que ya había cobrado la vida del inspector Efraín Quesada Urrego. El defensor de derechos carcelarios de Santander, Hernando Mantilla, se ha sumado al clamor del sindicato, advirtiendo que la situación es insostenible y que se requieren recursos humanos, logísticos y tecnológicos urgentes para evitar nuevas tragedias. Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, los trabajadores penitenciarios permanecen en alerta máxima, temiendo que la ola de violencia no se detenga.
