En una contundente denuncia que sacude los cimientos de la seguridad en Medellín, la concejala Claudia Carrasquilla reveló el traslado de siete fiscales que adelantaban investigaciones clave contra los cabecillas de grupos criminales en la ciudad. La funcionaria señaló directamente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, como responsable de esta decisión, la cual se produjo justo después del anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la llegada del Escudo de las Américas a la capital antioqueña. Según Carrasquilla, la directriz se emitió bajo la excusa del concurso que se adelanta en la Fiscalía General de la Nación, pero el resultado es el debilitamiento de las investigaciones contra el crimen organizado.
Un golpe a la lucha contra el crimen organizado
La concejala, quien además es exfiscal, aseguró que los siete fiscales trasladados eran experimentados y llevaban a cabo pesquisas fundamentales contra los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y los Grupos de Delincuencia Común Organizada (Gdco) que operan en Medellín. Muchas de estas estructuras, según Carrasquilla, están directamente vinculadas a las conversaciones de paz que el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro venía adelantando en el marco de la llamada Paz Urbana. El cambio de sede, hacia nuevas direcciones del Gaula, deja a estos funcionarios sin la posibilidad de entregar un balance de su trabajo, lo que genera una grave afectación a la continuidad de las indagaciones.
La denuncia adquiere una dimensión alarmante al conocer las cifras detrás de este movimiento. La concejala reveló que la carga de trabajo de los siete fiscales, que incluye más de 600 capturas represadas vinculadas a investigaciones sobre crimen organizado, fue entregada a apenas cuatro fiscales. Estos, a su vez, ya tienen competencia en otras regiones de Antioquia, lo que, en palabras de Carrasquilla, hace imposible que puedan cumplir con la lucha contra el crimen organizado como se necesita. «Fueron movidos (los fiscales) para supuestamente una nueva dirección del Gaula, con cero carga, y la carga que tenían ellos, que era tan importante, donde hay más de 600 capturas represadas, fue entregada a cuatro fiscales, que a su vez tienen a su carga otras regiones diferentes de Antioquia, no pudiendo cumplir, como se necesita, con la lucha contra el crimen organizado», denunció la cabildante.
«Hoy quiero hacer una denuncia para la fiscal general de la Nación (Luz Adriana Camargo), porque resulta que cuando el presidente Abelardo de la Espriella anunció que en Medellín funcionará el Escudo de las Américas, que es esa ayuda que vamos a recibir del Gobierno americano y de otras naciones para la persecución contra el crimen organizado, se le dio por emitir una directriz donde supuestamente, justificando el famoso concurso que se lleva a cabo en la Fiscalía General de la Nación, sacaron siete fiscales experimentados y que venían adelantando las investigaciones contra los cabecillas de las estructuras criminales en la ciudad de Medellín, como son los GDO y los Gdco».
Claudia Carrasquilla, concejala de Medellín
Contexto y reacciones
No es la primera vez que la fiscal Luz Adriana Camargo es cuestionada por sus decisiones en torno al crimen en Medellín. En enero de 2026, fue objeto de un intenso debate por la suspensión de órdenes de captura contra voceros de estructuras armadas en el Valle de Aburrá. En medio de este panorama, el presidente Gustavo Petro ha afirmado que continuarán las conversaciones de paz con líderes de estructuras armadas en Antioquia, mientras que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha anunciado que Medellín será sede del Escudo de las Américas, una iniciativa de Estados Unidos contra el narcotráfico. Frente a esta coyuntura, la concejala Carrasquilla ha hecho un llamado al nuevo gobierno y al Ministerio de Defensa para que formulen estrategias claras en los primeros 100 días de gestión. Mientras tanto, la redistribución de casos deja un manto de duda sobre la capacidad de respuesta ante el crimen organizado, en un momento donde voceros de grupos criminales de la región ya se han mostrado dispuestos a negociar con el nuevo gobierno.
