En la noche posterior a la celebración de Halloween, tres personas fueron capturadas en Bogotá por su presunta participación en la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, quien fue golpeado fuera de un establecimiento nocturno y trasladado a un centro médico, donde falleció. Las detenciones señalan a Juan Carlos Suárez, de 27 años y trabajador de un call center, junto a Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, ambas venezolanas. La investigación, que continúa en curso, contempla posibles cargos por coparticipación y tiene programada una audiencia de imputación de cargos para la tarde del 1 de noviembre en Bogotá.
La línea de investigación indica que un grupo habría golpeado repetidamente a la víctima, cuya muerte resultó del ataque, y se mantiene la indagación para determinar el grado de responsabilidad de cada detenido. En el marco de las estimaciones legales, la pena base por homicidio podría situarse entre 17,33 y 33,75 años, aunque la presencia de agravantes podría elevar la condena por encima de 50 años. En este contexto, también se maneja la posibilidad de un preacuerdo basado en degradación punitiva a complicidad, con un descuento del 50% de la pena. Respecto a las capturadas, Fernández Sulbarán y Parra Torres, de nacionalidad venezolana, no tienen antecedentes reportados; se investiga si participaron físicamente en la agresión o actuaron como instigadoras.
Entre los antecedentes se sabe que Juan Carlos Suárez era compañero de universidad de la víctima y tiene anotaciones por violar normas en el transporte público; además figura en el SISBén como persona en situación de vulnerabilidad. A la espera de un comunicado oficial por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, las audiencias de imputación de cargos permanecen programadas para la tarde del 1 de noviembre y se vigila el desarrollo de la investigación para confirmar responsables y motivaciones del ataque, que según la investigación podría haber sido deliberado. La información disponible subraya que el crimen se enmarca en un contexto de intolerancia en Colombia, tema al que se refieren los informes de la Policía y de medios como Infobae Colombia, que citan a abogados y a fuentes oficiales.
Investigación y perspectivas jurídicas
La Policía Metropolitana de Bogotá continúa la investigación para esclarecer el papel de cada capturado y si existieron instigaciones o participaciones físicas en la agresión. Este caso ha generado conmoción por su relación con la violencia y la intolerancia; la cobertura de varios medios ha destacado la opinión de abogados, como Rogelio Roldán, quien advierte sobre las posibles penas y estrategias en el proceso.
«Estas personas, si todos golpearon a la víctima, por el mero tipo base, se estarían enfrentando a una pena que oscila entre 17,33 y 33,75 años de prisión» – Rogelio Roldán, abogado
El abogado también señaló que, en caso de que las personas capturadas asuman responsabilidad, un preacuerdo mediante degradación punitiva a complicidad podría ofrecer un descuento del cincuenta por ciento de la pena que se imponga, una opción que, según su criterio, podría resultar favorable para las defensas. Además, subrayó que la circunstancia de haber sido objeto de una golpiza en la que una o más personas se vieron en desventaja podría activar agravantes específicas, incluso el numeral siete del mismo artículo ciento cuatro, al colocar a la víctima en indefensión. Estas declaraciones fueron recogidas por Infobae Colombia y citadas por distintas agencias periodísticas.
En conjunto, el caso refleja la carga de violencia que a veces se asocia a eventos festivos y la necesidad de una respuesta institucional firme para esclarecer la verdad y evitar que actos similares se repitan.
