La Contraloría General de la República anunció la apertura de una actuación de vigilancia fiscal posterior y selectiva sobre tres contratos que suman 16.627 millones de pesos, relacionados con la transmisión de mando del presidente Abelardo de la Espriella y la salida del expresidente Gustavo Petro. La decisión fue adoptada por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, a cargo de Freddy Antonio Blanco, luego de que el senador Luis Carlos Rúa presentara una solicitud formal el 28 de julio de 2026. El órgano de control determinó que existen «elementos necesarios» para adelantar el seguimiento a los recursos destinados a este proceso, según consta en el oficio oficial emitido por la entidad.
Los contratos bajo la lupa fueron autorizados, firmados y ejecutados por el Gobierno saliente de Gustavo Petro entre diciembre de 2025 y julio de 2026. El más cuantioso es el contrato 487-2025 de Inravisión, suscrito el 1 de diciembre de 2025, por 4.166 millones de pesos, al que se le sumó una adición de 2.562 millones, para un total de 6.729 millones. Su objeto era la transmisión de la ceremonia de posesión y otros eventos hasta el 30 de noviembre de 2026, aunque finalmente el sistema de medios públicos no produjo la señal. El segundo contrato, el 880 del Ministerio de Relaciones Exteriores, asciende a 6.381 millones y cubre entre 200 y 300 eventos institucionales hasta el 31 de diciembre de 2026. El tercero, el contrato 554 del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), está radicado en julio de 2026 por 3.500 millones y abarca cinco eventos vinculados al cambio de mando, incluida la despedida del expresidente Petro.
Alcance de la auditoría y denuncias
La vigilancia fiscal se ejercerá mediante una auditoría de cumplimiento posterior al acto, que revisará la fase previa, la ejecución de los contratos, y verificará posibles sobrecostos, duplicidades, pagos sin soporte, servicios no prestados, doble financiación o cobro duplicado de comisiones. El senador Rúa, quien impulsó una comisión accidental en el Senado para vigilar políticamente los recursos de la posesión celebrada en Cali, celebró la decisión de la Contraloría. «La Contraloría confirmó lo que denunciamos: hay elementos suficientes para vigilar estos recursos», declaró el congresista. La Contraloría, por su parte, aclaró que optó por el control posterior en lugar de un preventivo en tiempo real debido a los plazos de ejecución contractual y la cantidad de aspectos por revisar.
«El tema cuenta con los elementos necesarios para que este órgano de control adelante una actuación de vigilancia fiscal sobre los recursos destinados para este propósito».
Freddy Antonio Blanco, contralor delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras
La auditoría abarcará no solo los contratos cuyo objeto directo fue la posesión del 7 de agosto de 2026, sino también aquellos que, pese a tener un propósito distinto, financiaron gastos del evento, incluyendo actividades antes, durante y después del acto. Para ello, la Contraloría ya solicitó los expedientes contractuales al Dapre, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Fondo Rotatorio de esa cartera, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda, y a las secretarías del Senado y la Cámara de Representantes. El objetivo final es establecer el costo total del evento, identificar las entidades ejecutoras, los rubros y las fuentes de financiación, en medio de las críticas por el monto millonario invertido en la transmisión de mando celebrada en Cali.
