En una audiencia que marcará un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado en Colombia, tres generales retirados y otros 22 militares del Ejército Nacional reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su responsabilidad en el asesinato de indígenas y civiles que fueron presentados fraudulentamente como bajas en combate en la región Caribe, entre enero de 2002 y diciembre de 2008. La jornada, celebrada el pasado 29 de julio en Valledupar, hizo parte de la segunda fase del Subcaso Costa Caribe II del Caso 03 de la JEP, en la que se ventilan crímenes ocurridos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, con especial énfasis en las acciones del Batallón La Popa en Cesar y La Guajira. Entre los comparecientes se encontraban el mayor retirado Nelson Mauricio Molano Calderón, el teniente coronel retirado Rubén Briam Blanco Bonilla y el sargento Germán Custodio Tovio Medrano, quienes ofrecieron testimonios cargados de vergüenza y determinación por aportar verdad plena sobre los hechos. Según la JEP, el 74% de las muertes investigadas en la región corresponden a estos llamados «falsos positivos», y un total de 43 militares han sido imputados como máximos responsables por el asesinato de 739 personas, en un esquema que revela una maquinaria criminal impulsada por la presión institucional por indicadores de muertes en combate.
La audiencia no solo fue un espacio de reconocimiento de responsabilidades, sino también un escenario para el dolor y la memoria de las víctimas. Darío Alfonso Morales Rodríguez, padre de Óscar Alexander Morales Tejada, asesinado el 16 de enero de 2008 junto a Octavio David Bilbao Becerra y Germán Leal Pérez, relató cómo los tres jóvenes fueron engañados con falsas promesas de trabajo en Cúcuta y trasladados a Cesar, donde fueron ejecutados por integrantes del Batallón La Popa. «Tuve un apoyo grandísimo de la JEP. Estoy muy agradecido con la Unidad de Búsqueda. Saber la verdad es mejor que todo. No importa que uno conozca crudamente cómo fue asesinado su familiar. A los comparecientes del batallón, que tuvieron que ver con la muerte de mi hijo, les pido que aclaren toda la verdad», expresó Morales, quien logró la recuperación e identificación de los restos de su hijo y de Germán Leal gracias a medidas cautelares de la JEP, mientras que Octavio David Bilbao Becerra permanece desaparecido. Por su parte, María Doris Tejada, madre de una víctima, entregó a los comparecientes 6.402 zapatos tejidos a mano como un acto simbólico de memoria y compromiso con la verdad. «Estos zapaticos significan mucho para mí. Después de cuatro años, inicié la labor de tejer los 6.402 zapaticos, y lo logré. Esos zapaticos son mi búsqueda, mi caminar y mi lucha», afirmó Tejada, cuyo trabajo artesanal se convirtió en un emblema del dolor transformado en resistencia.
Reconocimientos y promesas de verdad
Durante la audiencia, los militares retirados ofrecieron declaraciones que evidenciaron el profundo peso de sus acciones. El mayor retirado Nelson Mauricio Molano Calderón, con la voz quebrada por la vergüenza, dijo: «Con vergüenza me paro frente a ustedes para decir que es el momento de decir la verdad. Me alejé de mis valores, principios y creencias; de todo lo que aprendí de mi familia, y me volví un asesino». En una línea similar, el teniente coronel retirado Rubén Briam Blanco Bonilla reafirmó su deber de aportar toda la verdad: «Sigo convencido de que es mi deber aportar toda la verdad. Es mi obligación que ustedes encuentren toda la verdad plena y absoluta de los hechos ocurridos con sus familiares». Blanco Bonilla también explicó las causas estructurales de estos crímenes al señalar que «muchas personas inocentes fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como resultados operacionales, producto de la presión que se ejercía desde los mandos superiores. Había un indicador que pesaba en el Ejército, y eran las muertes en combate. Eso terminó materializado en una maquinaria criminal». El sargento Germán Custodio Tovio Medrano, quien aceptó haber sido el enlace entre reclutadores y militares, y de haber manipulado pruebas y documentos tras las ejecuciones, reconoció el daño causado a las comunidades indígenas: «Reconozco el daño causado a los territorios, comunidades y etnias Wiwa, Wayúu y Kankuamo. No solo les dimos la espalda, sino que les causamos daños sabiendo que estaban por fuera del conflicto, que eran personas protegidas». Tovio Medrano asumió su responsabilidad en 16 asesinatos y desapariciones, en un contexto donde la primera fase del subcaso ya había visto a 12 de 15 máximos responsables del Batallón La Popa reconocer su culpa, con sanciones de 5 a 8 años por 135 víctimas en Cesar y La Guajira.
«Con vergüenza me paro frente a ustedes para decir que es el momento de decir la verdad. Me alejé de mis valores, principios y creencias; de todo lo que aprendí de mi familia, y me volví un asesino»
Nelson Mauricio Molano Calderón, Mayor retirado del Ejército Nacional
El impacto de estas audiencias trasciende el ámbito judicial, pues representan un paso crucial hacia la reconciliación en territorios marcados por la violencia sistemática. Con esta segunda fase, la JEP imputó a 28 comparecientes por el asesinato y desaparición forzada de 604 víctimas, sumándose a las 135 de la primera fase. Los comparecientes recibieron los zapatos tejidos por María Doris Tejada como símbolo de su compromiso con la verdad y la memoria de las víctimas, en un acto que busca cerrar heridas abiertas durante años. Mientras tanto, Darío Alfonso Morales Rodríguez, al igual que otras familias que esperan justicia, continúa insistiendo en la necesidad de que se aclaren todos los detalles de estos crímenes, confiando en que el camino de la verdad, por doloroso que sea, es el único que puede llevar a la paz duradera en Colombia.
