Un ataque armado dejó a tres militares lesionados cuando una camioneta del Ejército Nacional fue emboscada en Arauquita, Arauca, a mediodía del martes 18 de noviembre de 2025. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a un hospital en la capital del departamento para recibir atención médica, mientras las autoridades abren una investigación para determinar la posible implicación de grupos armados ilegales en el atentado, ocurrido frente al parque infantil del barrio 20 de Julio, en la vía que conecta con el terminal de transporte y la salida hacia la Troncal.
La región de Arauca ha sido escenario de violencia y de la presencia de actores armados que operan en la zona. Tras el incidente, las autoridades coordinan la verificación de las circunstancias y la posible identidad de responsables. En un contexto reciente, el 17 de noviembre de 2025, un atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en la vereda Las Acacias de Arauquita llevó a activar el Plan de Emergencia y Contingencia por Cenit, con el despliegue de tropas y la adopción de medidas de seguridad para proteger la infraestructura crítica y garantizar la continuidad operativa de la industria petrolera.
Contexto y respuesta institucional
A la hora de los hechos, el episodio genera incertidumbre sobre el estado de salud de los tres lesionados y sus repercusiones en la seguridad de la comunidad y el desarrollo de las operaciones militares en la región. En paralelo, Cenit notificó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres sobre la situación y las medidas adoptadas; se instalaron barreras para proteger la bocatoma de Arauquita. El Ejército Nacional desplegó tropas para asegurar la zona y facilitar el acceso de equipos técnicos a la emergencia y a las labores de reparación de infraestructura.
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Asimismo, Cenit y Ecopetrol expresaron su rechazo a ataques contra la infraestructura petrolera y reiteraron su llamado a cesar este tipo de acciones. En este contexto, Ecopetrol informó que en 2025 se registró la pérdida de más de 39.000 barriles de crudo por apoderamiento ilícito y el retiro de más de 152 válvulas ilegales instaladas en la infraestructura petrolera, cifras que subrayan la necesidad de proteger ductos y instalaciones en la región para garantizar la seguridad energética y la continuidad de las operaciones.
La situación mantiene la atención de las autoridades y de la comunidad, que siguen de cerca la evolución de la investigación para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de las personas, así como la continuidad de las operaciones en la zona.
