El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha aceptado una demanda presentada por un ciudadano anónimo que cuestiona la legalidad del nombramiento de Laura Sarabia Torres como embajadora de Colombia ante el Reino Unido. Esta decisión judicial pone en tela de juicio el Decreto 1029 expedido por el Gobierno nacional a finales de septiembre de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro designó a Sarabia en ese cargo diplomático con sede en Londres.
La demanda argumenta que el nombramiento incumple requisitos esenciales para el ejercicio de la función diplomática, como la acreditación del nivel de inglés necesario para la comunicación y negociación directa sin intérpretes, así como la certificación de una segunda lengua de uso diplomático y la documentación que respalde estudios de posgrado. El tribunal iniciará ahora el estudio de fondo de los argumentos y pruebas presentadas, lo que podría derivar en la anulación del decreto y un cambio en la representación oficial de Colombia en el Reino Unido.
Requisitos diplomáticos en el ojo del huracán
El proceso judicial examina detalladamente el Decreto 1029 del Gobierno nacional, destacando la importancia de estos requisitos para garantizar la idoneidad en el servicio diplomático. La información sobre las presuntas falencias en las calificaciones de Sarabia Torres fue divulgada inicialmente por la revista Semana, avivando el debate sobre la selección de altos funcionarios en la administración actual.
“el nombramiento sin este requisito viola la normativa, que busca garantizar la idoneidad y el buen servicio de la función diplomática y de conformidad con lo dispuesto por la ley”
Escrito judicial del demandante
Esta aceptación de la demanda marca un punto de inflexión en la controversia, ya que una eventual anulación no solo afectaría la posición de Laura Sarabia Torres, sino que también podría reconfigurar la estrategia diplomática de Colombia en uno de sus puestos clave en Europa, obligando al Ejecutivo a reconsiderar sus criterios de nombramiento para embajadores.
