El Tribunal Administrativo de Norte de Santander admitió una acción popular presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, conocida como FEDe. Colombia, con el objetivo de exigir a ocho entidades del Gobierno nacional medidas concretas para frenar la expansión de economías ilegales en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí. La demanda, cuyo auto de admisión data del 28 de octubre de 2026, señala como demandados a los Ministerios de Justicia, Defensa, Ambiente y Agricultura, además de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Fiscalía General de la Nación, la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). La decisión judicial da trámite a la controversia y ordena a las alcaldías de los cinco municipios donde se extiende el parque —Convención, El Carmen, Teorama, El Tarra y Tibú— junto con Parques Nacionales, informar a las comunidades asentadas, incluyendo a los pueblos indígenas, sobre la admisión de la demanda en un plazo de diez días.
El Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, que abarca aproximadamente 160.684 hectáreas en el departamento de Norte de Santander, es un área protegida que alberga ecosistemas estratégicos y constituye el territorio ancestral de la comunidad indígena Barí. Sin embargo, la región enfrenta un acelerado deterioro ambiental debido al crecimiento de cultivos de coca, mineria ilegal, ganadería extensiva, deforestación y los recurrentes derrames del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que afectan directamente las fuentes hídricas de la comunidad Barí. Según la demanda, estas actividades han aumentado durante el gobierno de Gustavo Petro sin que las autoridades hayan logrado contenerlas, lo que motivó a FEDe. Colombia a recurrir a la justicia para exigir acciones efectivas.
«Según la Organización de las Naciones Unidas, en 2024 el parque nacional tuvo el mayor crecimientoo de los cultivos de coca. Durante el gobierno de Gustavo Petro, estas actividades siguieron creciendo sin que las autoridades lograran detenerlas. Por eso acudimos a la justicia. Queremos que las entidades responsables actúen, frenen las actividades ilegales y recuperen las zonas afectadas», señaló FEDe. Colombia a través de su cuenta en la red social X.
«Hacemos un llamado urgente a las entidades del Estado para que la designación de un área protegida sea efectiva. Es fundamental fortaleer primero el control y vigilancia en el territorio», agregó la organización en la misma publicación.
La acción popular invoca cuatro derecos colectivos: el goce de un ambiente sano, el equilibrio ecológico, la moralidad administrativa y la protección del espacio público. La Fundación para el Estado de Derecho sostiene que las entidades demandadas podrían estar comprometiendo estos derechos al no actuar de manera oportuna frente a la expansión de las economías ilegales y los daños ambientales derivados. Entre los perjuicios documentados se mencionan los derrames de crudo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que han contaminado fuentes hídricas vitales para la comunidad Barí, así como la deforestación y la pérdida de biodiversidad en un área clave para la conectividad ecológica de la región.
El tribunal estableció que la decisión de fondo se proferirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del término de traslado, periodo durante el cual las entidades demandadas podrán pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda. Mientras tanto, las alcaldías de los cinco municipios y Parques Nacionales deberán dejar constancia en el expediente de haber informado a las comunidades locales sobre la admisión del proceso. La organización FEDe. Colombia espera que este recurso judicial obligue al Estado a tomar medidas concretas para detener la degradación del parque y garantizar la protección de los derechos colectivos de las comunidades que dependen de este territorio.
