El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de cumplimiento presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe. Colombia) contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en la que se exige la publicación completa y oportuna de toda la actividad contractual de la entidad en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, conocido como Secop II. La decisión, contenida en un auto fechado el pasado 25 de junio, da inicio al trámite judicial aunque no resuelve el fondo del litigio.
La acción judicial busca que la ANT publique en el Secop II los documentos de los procesos de compra de predios destinados a la Reforma Rural Integral, que concentran el 42,21% del presupuesto de adquisiciones de la entidad. Según la demanda, la Agencia Nacional de Tierras incumple lo dispuesto en los artículos 3 y 13 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto Ley 019 de 2012 y su propio Manual de Contratación, al no garantizar la trazabilidad documental de estos procesos.
Presupuesto millonario y opacidad documental
De acuerdo con la información proporcionada por FEDe. Colombia, el presupuesto total para la adquisición de predios durante la vigencia 2026 asciende a 483.809 millones de pesos, cifra que representa una porción mayoritaria del presupuesto total de apropiaciones de la ANT, calculado en 1,14 billones de pesos. La Contraloría General de la República ya había reportado presuntas irregularidades fiscales por aproximadamente 160.000 millones de pesos en procesos de compra de tierras para la Reforma Rural Integral, lo que añade urgencia a la solicitud de transparencia.
La acción de cumplimiento fue presentada el 13 de mayo de 2026, después de que FEDe. Colombia realizara una solicitud formal a la ANT que no obtuvo respuesta, configurando lo que jurídicamente se conoce como renuencia. La organización advirtió que la ausencia de información impide la trazabilidad de los procesos de compra de predios y el acceso ciudadano a documentos clave como avalúos, ofertas, escrituras e informes de supervisión.
Evidencias de incumplimiento
Una revisión del Secop II realizada por la fundación evidenció que desde julio de 2025 predominan contratos de prestación de servicios, pero no se encuentran registros de adquisición de predios. Asimismo, la página web de la ANT menciona contratos vigentes, pero varios de ellos no tendrían trazabilidad documental en el sistema de contratación pública. La demanda argumenta que la obligación de publicidad cobija a todos los contratos estatales, incluso aquellos realizados bajo regímenes especiales.
FEDe. Colombia anunció que hará un seguimiento riguroso a las actuaciones judiciales, mientras el tribunal avanza en el trámite que podría obligar a la ANT a transparentar la compra de tierras, un proceso que involucra recursos públicos millonarios y que resulta fundamental para la implementación de la Reforma Rural Integral en el país.
