El Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del magistrado Jaiver Camargo Arteaga, abrió un incidente de desacato contra altos funcionarios del Gobierno nacional y agentes interventores de varias EPS, entre ellos los ministros Germán Ávila Plazas de Hacienda y Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez de Salud, el superintendente de Salud Bernardo Armando Camacho Rodríguez, el director de la Adres Félix León Martínez, el agente liquidador de Nueva EPS Luis Óscar Galves Mateus, y los agentes interventores Edwin Carlos Rodríguez de Savia Salud, Alexander Mesa Romero de Coosalud y Kemer Ramírez Cárdenas de EPS Sanitas. Esta medida surge de una acción popular interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, debido al incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba el saneamiento de las deudas acumuladas con la red hospitalaria.
El tribunal actuó tras un requerimiento previo en el que se ordenó a los responsables proporcionar sus correos institucionales en un plazo de dos días, el cual no fue cumplido. La decisión responde a la grave crisis de liquidez en la red hospitalaria de Medellín y Antioquia, provocada por el incumplimiento de las EPS intervenidas y entidades nacionales en el pago de deudas que superan los ocho billones de pesos con las IPS, afectando directamente la operación de servicios de urgencias y alta complejidad, así como la adquisición de insumos, proveedores y el talento humano del sector.
Crisis financiera que compromete el derecho a la salud
La acción popular busca proteger el derecho colectivo a la salud, impactado por los fallidos pagos de las EPS en intervención y la Nación, lo que ha generado una situación crítica en hospitales públicos y privados de la región. En fallo reciente, el Tribunal Administrativo de Antioquia también aceptó intervenciones de terceros como coadyuvantes, admitió la renuncia del apoderado de EPS Sanitas y ordenó la designación de un nuevo representante. El requerimiento se dirigió específicamente a los ministerios de Hacienda y Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Adres y los agentes de las EPS involucradas.
Las posibles sanciones por este desacato incluyen multas de hasta 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes y arresto de hasta seis meses, lo que subraya la gravedad del incumplimiento y busca garantizar el flujo de recursos para sostener el sistema de salud en Antioquia, donde la acumulación de cartera ha puesto en jaque la prestación de servicios esenciales a la población.
