El Tribunal Administrativo de Antioquia anuló parcialmente el decreto emitido por el alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, el 17 de enero de 2024, que prohibía el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal, en espacios públicos de la ciudad. La sentencia, dictada el 4 de diciembre de 2024, declara la nulidad de las expresiones relacionadas con la dosis personal, las multas y la destrucción de sustancias por exceso de competencias locales, ya que la regulación de la dosis personal corresponde a la legislación nacional y a la Corte Constitucional.
La decisión judicial se fundamenta en la falta de estudios técnicos caso por caso que justificaran la restricción en cada espacio público afectado, como un radio de 100 metros alrededor de instituciones educativas, parques y eventos con presencia de menores. El decreto original buscaba proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en estos lugares, pero el tribunal consideró que el alcalde actuó sin pruebas específicas de necesidad e idoneidad en cada caso.
Acción legal y críticas al decreto
La acción legal fue impulsada por el abogado Alberto Nader, quien cuestionó la medida por su generalidad y falta de rigor técnico. Las restricciones anuladas aplicaban específicamente a instituciones educativas, parques y eventos con menores, marcando un precedente importante en la regulación local de sustancias psicoactivas en Colombia. Esta resolución podría influir en políticas similares en otras ciudades del país.
“el alcalde (‘Fico’ Gutiérrez) tomó una decisión de bulto. ‘Prohibió el consumo en todos los parques de la ciudad usando argumentos genéricos, sin cumplir con el deber de probar, mediante estudios técnicos caso a caso, por qué era estrictamente necesario e idóneo restringir derechos en cada uno de esos espacios’”
Alberto Nader, abogado
La Alcaldía de Medellín, a través de su vocera, confirmó una rueda de prensa para este 5 de diciembre de 2024, con el fin de aclarar dudas sobre el consumo en vía pública, incluyendo si se permite el cannabis en la calle tras esta anulación parcial. Esta sentencia reaviva el debate nacional sobre el equilibrio entre políticas locales de seguridad y los límites constitucionales en materia de drogas.
