El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala de Justicia y Paz, tomó una decisión de gran impacto en diciembre de 2024 al declarar la extinción de dominio de seis bienes que estaban vinculados al reconocido cantante Charlie Zaa. El fallo, cuyo ponente fue el magistrado Andrés Rosas y que contó con la participación de Alexandra Valencia e Ignacio Humberto Alfonso Beltrán, estableció que estos inmuebles habían sido adquiridos con dineros provenientes del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los bienes, que en conjunto alcanzan un avalúo de 23.755 millones de pesos, se encuentran ubicados en los municipios de Girardot, Guamo, Lérida y San Luis, todos en el departamento del Tolima, y entre ellos se destaca un local comercial en el centro comercial Oasis de Girardot, cuyo avalúo asciende a 15.840 millones de pesos.
La decisión se produjo en el marco de un proceso adelantado contra diez exintegrantes del Bloque Tolima, entre quienes figuran Arnulfo Rico, Eduardo Alexander Carvajal, Indalecio Sánchez, Diego Hernán Vera, José Albeiro García, Benjamín Barreto, José Wilton Bedoya, Misael Villalba, Oscar Oviedo y Leonardo Lozano. En la investigación también se menciona a Diego José Martínez, alias ‘Daniel’, cabecilla de la estructura paramilitar, quien falleció envenenado con cianuro en 2009 cuando se encontraba recluido y se alistaba para rendir declaración. El tribunal documentó que estos bienes habrían servido para ocultar la fortuna acumulada por alias ‘Daniel’, y que los exintegrantes fueron responsables de crímenes como homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados cometidos entre 2001 y 2005.
Bienes ocupados y proceso de extinción
Los seis predios afectados por la medida incluyen dos locales en el centro comercial Oasis de Girardot, dos lotes ubicados en Guamo y Lérida, una hacienda llamada Guamal en San Luis y un lote con mejoras en Girardot. La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional, había ocupado estos inmuebles meses atrás como parte de las investigaciones. Los patrones de macrocriminalidad atribuidos al Bloque Tolima fueron documentados ampliamente por el tribunal, que logró establecer el vínculo entre los recursos de la estructura armada ilegal y la adquisición de estas propiedades, consolidando así una de las decisiones más relevantes en materia de reparación a las víctimas y lucha contra el lavado de activos en el país.
