El Tribunal Administrativo de Bolívar emitió la medida cautelar mediante el auto interlocutorio No. 57/2025, obligando al presidente de la República, Gustavo Petro, a convocar en un plazo máximo de diez días una reunión interinstitucional para definir un Plan Inmediato de Acción frente a la grave crisis humanitaria que azota el sur de Bolívar. Esta acción popular fue presentada por la Fundación para el Estado de Derecho, respaldada por alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo del 10 de octubre de 2025, informes de la ONU y comunicados del gobernador de Bolívar, que denuncian la expansión de grupos armados ilegales como el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, responsables de desplazamientos masivos, confinamientos, masacres y desapariciones en municipios como Santa Rosa del Sur, Montecristo, Arenal del Sur, Cantagallo, Morales y Río Viejo.
La crisis afecta directamente a miles de personas, con 15.240 víctimas en Santa Rosa del Sur, 5.409 en Montecristo, 3.090 en Arenal del Sur, 249 en Cantagallo, 160 en Morales y 76 en Río Viejo, involucrando a catorce alcaldías de la región. La inacción estatal previa ha permitido la persistencia de la violencia, vulnerando derechos colectivos a la paz, la seguridad y el uso del espacio público, lo que motivó esta intervención judicial para garantizar atención humanitaria inmediata, protección de derechos y restablecimiento del orden público.
Crisis humanitaria confirmada
La medida cautelar convoca a un amplio espectro de entidades, incluyendo los ministerios de Defensa, Interior y Agricultura, la Gobernación de Bolívar, las catorce alcaldías del sur de Bolívar, la Procuraduría General, la Fiscalía, la Unidad para las Víctimas, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Además, ordena al presidente Petro remitir documentos sobre la presencia de grupos armados y acciones de transformación territorial en la zona, sin cuestionar los procesos de diálogo de paz, sino exigiendo respuesta urgente al avance de estas estructuras criminales. Se crea un Equipo Especial de Seguimiento que presentará el primer informe en veinte días y reportes mensuales posteriores.
«Esta decisión representa un avance determinante para proteger a las comunidades del departamento de Bolívar, que enfrentan una crisis humanitaria derivada de la ausencia de respuesta estatal eficaz».
Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho
«La decisión cautelar obliga al Estado a actuar de manera inmediata, articulada y transparente en un territorio donde la violencia ha puesto en riesgo la vida, la movilidad, la autonomía comunitaria y el ejercicio de derechos básicos».
Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho
Esta resolución judicial marca un punto de inflexión en la respuesta estatal ante una situación de riesgo extremo documentada por múltiples fuentes, impulsando acciones coordinadas que podrían mitigar el sufrimiento de más de 24.000 afectados en la región y restaurar la presencia institucional en un área clave para la estabilidad de Bolívar y el país.
