En un fallo histórico del Tribunal Administrativo de Cundinamarca la Justicia administrativa dejó sin efecto la sanción fiscal impuesta por la Contraloría de Bogotá a Gustavo Petro por la compra de camiones de basura durante su alcaldía y ordenó a la Contraloría emitir un nuevo acto administrativo en un plazo de treinta días. Petro, actual presidente de Colombia, celebra este giro en un proceso que ha durado años y que podría redefinir el escrutinio de la gestión de residuos en la ciudad.
La decisión, tomada por la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca e integrada por el magistrado César Giovanni Chaparro Rincón, sostiene que la sanción vulneró la legalidad y el debido proceso. El fallo señala que el acto administrativo transgredió la Constitución y las leyes aplicables, en particular los artículos 6, 29 y 121 de la Constitución, así como las leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011. La sanción está asociada a un presunto daño patrimonial que supera los cuarenta mil millones de pesos, y Petro ha señalado en su declaración un monto de 100 millones de dólares.
La resolución y las implicaciones para la Contraloría de Bogotá
La sentencia revive el litigio que nació en la implementación del sistema público de recolección de residuos en 2012 y que llevó a la sanción en 2017 por presunto daño patrimonial. En 2024, la Contraloría de Bogotá había solicitado revocatoria directa limitada a la responsabilidad de Petro, sin indemnización ni reconocimiento económico. El Tribunal ordena a la Contraloría emitir un nuevo acto administrativo en 30 días para reevaluar el caso. La noticia fue difundida por Cambio y se enmarca en el debate público sobre la fiscalización de contratos de servicios urbanos en la capital.
«Años diciendo que había cometido una arbitrariedad, bloqueo a mis cuentas por años, y ahora resulta que me sancionó con multa de 100 millones de dólares, un contralor de Bogotá chambón, presionado por el Vargas llerismo, se manera persecutoeia y no legal» — Gustavo Petro, Presidente de Colombia
Con la orden de emitir un nuevo acto en 30 días, el Tribunal cierra este capítulo y deja a la Contraloría de Bogotá la tarea de revisar el expediente con base en la legalidad y el debido proceso. Este fallo, considerado uno de los procesos judiciales más largos asociados a Petro, podría marcar un precedente para la revisión de sanciones fiscales en gestiones pasadas.
