El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción de cumplimiento interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, conocida como Fede. Colombia, en contra de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), por el incumplimiento de sus obligaciones de transparencia al no publicar en la plataforma SECOP II los contratos relacionados con la compra de predios para la Reforma Rural Integral. Esta decisión judicial se basa en la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto Ley 019 de 2012, y surge ante la ausencia de documentos clave como estudios previos, contratos, modificaciones y estados de ejecución de los procesos contractuales anteriores a julio de 2025.
La ANT solo ha publicado en SECOP II contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión a partir de julio de 2025, dejando fuera la totalidad de la información sobre adquisiciones de predios, lo que vulnera el derecho de acceso a la información pública y el control ciudadano. En este contexto, la Contraloría General de la República realizó una fiscalización durante el segundo semestre de 2024, detectando presuntas irregularidades en la compra de predios que podrían generar hallazgos fiscales por aproximadamente 160.000 millones de pesos. Para la vigencia 2025, la ANT proyecta destinar 969.358 millones de pesos a la compra de predios, lo que representa el 55,8% de su presupuesto total de pagos, superior a 1,7 billones de pesos.
Implicaciones para la transparencia en la Reforma Rural
La publicación de la totalidad de documentos contractuales es obligatoria para las entidades estatales como la ANT, y las excepciones a la publicidad son taxativas, restrictivas y deben evaluarse caso por caso, obligando incluso a la divulgación de versiones públicas en presencia de reservas. Estos procesos son especialmente sensibles por su vinculación con la gestión misional de la Reforma Rural Integral, por lo que el tribunal ahora determinará si la agencia debe publicar de manera completa toda la información faltante para garantizar la fiscalización y el escrutinio público.
Esta acción judicial resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de control en el manejo de recursos públicos destinados a políticas agrarias clave, evitando opacidades que podrían derivar en mayores hallazgos fiscales y cuestionamientos a la ejecución de uno de los pilares del gobierno actual.
