El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó este 26 de marzo de 2026 la solicitud presentada por Accesos Norte S.A.S., la concesionaria a cargo del proyecto, para levantar la medida cautelar que frena las obras de la Troncal de los Andes en Chía, Cundinamarca. Esta decisión judicial mantiene paralizado el avance completo de la vía, que conecta el norte de Bogotá con la Sabana Centro, a pesar de la reciente modificación de la licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El tribunal argumentó que el proceso se encuentra en etapa de fallo y que debe aguardarse la sentencia definitiva.
El litigio se originó en 2018 a raíz de una acción popular que cuestionó la omisión de un cuerpo de agua en la licencia ambiental inicial, lo que derivó en la suspensión parcial de las obras desde ese año. A inicios de 2026, se logró una reactivación parcial tras la actualización de la licencia por parte de la ANLA, que incorporó medidas para proteger el Canal Proleche y el Humedal San Jacinto, con un nuevo trazado que evita la intervención en el cuerpo de agua en disputa. Sin embargo, la decisión del tribunal impide el progreso en el predio San Jacinto y zonas aledañas, bloqueando la continuación de un proyecto que ya cuenta con 1,4 de los 3,4 kilómetros proyectados construidos.
Detalles del proyecto y su impacto regional
La Troncal de los Andes, que forma parte de la Unidad Funcional 3 de Accesos Norte Fase 1, incluye la construcción de dos puentes, una doble calzada y cruces sobre el río Bogotá, conectando la variante de Chía con la Autopista Norte. La inversión supera los 116.000 millones de pesos y promete reducir los tiempos de viaje en tramos críticos de 90 a 35 minutos, beneficiando la movilidad en municipios como Chía, Cajicá, Zipaquirá, Cota, Sopó, Tocancipá y el norte de Bogotá. No obstante, la medida cautelar persiste, afectando no solo el avance de las obras, sino también la economía local al mantener congestiones viales crónicas.
Entre los hitos pendientes destaca la audiencia pública ambiental programada para septiembre de 2025, que fue suspendida previamente. Esta nueva negativa judicial subraya la complejidad del proyecto y el peso de las consideraciones ambientales en su desarrollo, dejando en vilo a miles de conductores que esperan una solución a los embotellamientos en esta zona estratégica de la Sabana de Bogotá.
