El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en decisión del magistrado José Élver Muñoz, rechazó el recurso de reposición presentado por la Cancillería de Colombia, específicamente el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y confirmó la legitimación de la Procuraduría General de la Nación, representada por el procurador primero delegado Marcio Melgosa, para mantener la demanda de nulidad absoluta del contrato de pasaportes y visas suscrito con la empresa portuguesa Casa da Moeda, S.A., en conjunto con la Imprenta Nacional de Colombia. Esta resolución, que descarta cualquier falta de jurisdicción y el requisito de conciliación extrajudicial previsto en el artículo 92 de la Ley 2220 de 2022 por no ser aplicable, dispone el avance del proceso judicial hacia su análisis de fondo, debido a una posible contravención a las normas sobre contratos estatales con entidades extranjeras de derecho público. La demanda había sido admitida en octubre de 2025, y el recurso de la Cancillería se presentó el 14 de enero.
La decisión judicial, conocida a través de medios como El Tiempo y Caracol Radio, representa un paso clave en el control de la legalidad de este convenio internacional, que podría marcar un precedente en la revisión de acuerdos similares. La Procuraduría interpuso la demanda para declarar la nulidad del acuerdo entre el Fondo Rotatorio, la Imprenta Nacional y Casa da Moeda, cuestionando su validez desde sus bases. Bajo la dirección de Viviana León en la Imprenta Nacional, y con figuras como la canciller Yolanda Villavicencio Mapy y la ministra de Relaciones Exteriores Rosa Villavicencio, el gobierno había anunciado la producción de pasaportes en territorio colombiano, aunque el primer lote de 193.000 libretas se fabricó inicialmente en Portugal, con un envío inicial de 2.000 libretas que llegó dos días antes de la presentación oficial, y lotes adicionales de 432.000 pasaportes programados entre el 4 de abril y el 9 de mayo, además de un plazo de hasta diez años para la transferencia tecnológica.
Cronograma de entregas y detalles operativos
La producción inicial se realiza en Portugal, donde se personalizan y aplican medidas de seguridad los pasaportes, mientras que la maquinaria especializada viaja desde el puerto de Leixões hasta Cartagena para su uso en Colombia. Este esquema operativo, que involucra también al abogado Nicolás Dupont en una acción popular relacionada, pone en el centro del debate la legalidad del contrato y su impacto en la soberanía productiva nacional, a medida que el proceso judicial avanza hacia la revisión profunda de sus términos y posibles irregularidades.
Con esta determinación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el caso se perfila como un hito en la fiscalización de contratos estatales con participación extranjera, potencialmente afectando la continuidad de las entregas de pasaportes y obligando a replantear las alianzas en materia de documentos de viaje para los colombianos.
