El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en su Sala Laboral, profirió un fallo de segunda instancia el pasado 1 de noviembre, mediante el cual ordena a la administradora de fondos de pensiones Colfondos reconocer de manera provisional la garantía de pensión mínima a favor de la afiliada María Lucy Valencia Herrera. La decisión, que modifica parcialmente el fallo de primera instancia, establece que el pago está condicionado a que la trabajadora demuestre fehacientemente su retiro del servicio laboral. La señora Valencia Herrera, quien nació el 12 de mayo de 1958 y cumple el requisito de edad de 57 años para las mujeres, acreditó haber cotizado un total de 2.073 semanas según el registro a agosto de 2019, una cifra que supera ampliamente las 1.150 semanas mínimas exigidas por la ley para acceder a la garantía de pensión mínima.
El origen del litigio se remonta a la historia laboral de la demandante, quien inició su relación laboral el 26 de junio de 1979 en el Hospital San José de Neira. Originalmente afiliada al Instituto de Seguros Sociales (ISS), Valencia Herrera se trasladó al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) administrado por Colfondos en el año 1999. El conflicto jurídico se centró en la imposibilidad de determinar si el capital acumulado en su cuenta individual, que ascendía a 62 millones 611 mil 580 pesos en mayo de 2021, era suficiente para financiar una pensión ordinaria bajo lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 100 de 1993. La razón de esta indefinición radicó en que la historia laboral de la afiliada presentaba periodos sin incorporar y sin la correspondiente financiación, específicamente el lapso comprendido entre el 26 de junio y el 31 de agosto de 1979, así como el periodo de junio a diciembre de 1994.
La orden judicial y los puntos clave del fallo
El Tribunal, al resolver el recurso, determinó que Colfondos deberá pagar la mesada pensional con sus propios recursos, una vez se acredite el retiro laboral de la afiliada. Simultáneamente, la administradora deberá continuar con los trámites necesarios para completar la financiación pendiente de los periodos no incorporados. En este sentido, el fallo ordena gestionar un título pensional por el periodo del 26 de junio al 31 de agosto de 1979, el cual deberá ser financiado a través de un patrimonio autónomo creado por el Departamento de Caldas y la Dirección Territorial de Salud. La decisión judicial subraya la aplicación del artículo 65 de la Ley 100 de 1993, que contempla la garantía de pensión mínima para aquellos afiliados que, cumpliendo los requisitos de semanas y edad, no reúnan el ahorro suficiente en su cuenta individual para financiar una mesada. “El artículo 64 de la Ley 100 de 1993 regula la pensión financiada con el capital acumulado en la cuenta individual, mientras que el artículo 65 contempla la garantía de pensión mínima para quienes cumplen los requisitos legales y no reúnen ahorro suficiente para financiar una mesada, dice la decisión”, señaló el Tribunal en su providencia.
La Sala Laboral también fue enfática al reprochar la gestión de la administradora. Colfondos había argumentado que no podía completar el trámite pensional debido a demoras de otras entidades en la entrega de documentos necesarios. Sin embargo, el Tribunal rechazó de plano este argumento, señalando que no es aceptable trasladar esa carga a la afiliada. “No resultaba aceptable que, después de alrededor de 20 años desde el traslado, fuera apenas al momento de la solicitud pensional cuando se desplegaran las gestiones para obtener los bonos pendientes”, citó la decisión judicial, recordando que las administradoras tienen la obligación de gestionar los bonos pensionales desde el momento mismo de la vinculación del afiliado.
Negación de intereses moratorios y contexto del caso
En otro de los puntos sustanciales del fallo, el Tribunal negó la solicitud de la demandante de que se le reconocieran los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. La razón esgrimida por la Sala fue la imposibilidad de establecer una fecha cierta a partir de la cual se hubiera configurado la mora en el pago de las mesadas. “[…] no podía establecerse desde cuándo se había configurado la mora en el pago de las mesadas”, argumentó el Tribunal para justificar su decisión en este aspecto. Este caso en particular ilustra una realidad compleja del sistema pensional colombiano: cumplir con la edad y el número de semanas cotizadas no es una garantía automática para el pago de la mesada. Se requiere una historia laboral completa, la acreditación de todos los periodos laborados (incluso aquellos que no están debidamente registrados en las bases de datos) y, en ciertos escenarios como el de esta sentencia, la prueba de que el trabajador efectivamente se ha retirado del mercado laboral para poder empezar a disfrutar de su pensión, la cual para el año 2026 equivale a un salario mínimo legal mensual vigente, es decir, un millón 750 mil pesos.
