El Tribunal Superior de Antioquia impuso este martes 25 de noviembre una pena de 28 años y tres meses de prisión a Santiago Uribe Vélez, empresario y hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, revocando así la absolución dictada en su contra en 2023. La decisión judicial se tomó en el marco de un proceso que ha generado amplio debate, y ahora queda pendiente un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que podría ratificar o revocar la sentencia.
El fallo cuestiona la imparcialidad del proceso según Víctor Mosquera, abogado y representante legal del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, quien ha manifestado su desacuerdo con la resolución del tribunal antioqueño. Mosquera argumentó que no se puede pasar por alto la influencia en la opinión pública ejercida por el presidente Gustavo Petro, lo que a su juicio habría impactado en la decisión judicial.
Apelación y presión pública en el centro del debate
Desde su cuenta en la red social X, Mosquera anunció que la sentencia es apelable y enfatizó los cuestionamientos a la neutralidad del Tribunal Superior de Antioquia, destacando cómo la presión pública ha jugado un rol en el caso. Este pronunciamiento se da en un contexto donde la absolución previa de 2023 queda completamente sin efecto, abriendo la puerta a nuevas instancias judiciales en la Corte Suprema.
«No puede ignorarse la presión pública ejercida por Gustavo Petro»
Víctor Mosquera, abogado y representante legal del fallecido senador Miguel Uribe Turbay
La condena a Santiago Uribe Vélez marca un giro significativo en el proceso, con Mosquera insistiendo en que factores externos como la influencia del mandatario en la opinión pública comprometen la imparcialidad del fallo. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia será la encargada de evaluar el recurso de casación, determinando el futuro definitivo de esta sentencia que ha polarizado el panorama jurídico y político en Colombia.
