El Tribunal Administrativo de Santander ordenó a la Universidad Industrial de Santander entregar los soportes de ejecución e informes de supervisión de los contratos suscritos con Juliana Guerrero Jiménez, quien aspira al Viceministerio de las Juventudes, a pesar de la cláusula de confidencialidad invocada por la UIS. La resolución, ponencia de la magistrada María Eugenia Carreño, establece la entrega de la documentación en tres días hábiles a partir de la notificación y dispone medidas para salvaguardar datos personales conforme a la Ley 1712 de 2014 y la Ley 1581 de 2012.
En el expediente figuran Jennifer Pedraza, representante a la Cámara, y Guerrero Jiménez junto a la UIS y el Tribunal Administrativo de Santander; el caso se abrió en septiembre de 2025 y el fallo reciente completa un capítulo de una investigación que ya había despertado interés público. Guerrero habría desempeñado funciones de supervisión sobre convenios UIS-MINInterior entre 2023 y 2024 antes de su titulación, mientras la UIS declaró que los detalles de esos contratos eran reservados y solo podrían divulgarse con autorización expresa de la contratista o por orden judicial. La noticia se advierte como un salto en la desclasificación y la obligación de entregar documentación de contratos, con un claro énfasis en la protección de datos.
En cifras, los contratos entre la UIS y Guerrero suman 14.500 millones de pesos, con honorarios de 12 millones de pesos por tres meses de trabajo. El marco legal de la intervención incluye el Contrato Interadministrativo 2402 de 2023, suscrito entre el Ministerio del Interior y la UIS, y la orden especifica que la entrega de los soportes debe hacerse dentro de tres días hábiles a partir de la notificación de la providencia.
La desclasificación de contratos de Guerrero acelera el escrutinio sobre contratación interadministrativa
La resolución de la magistrada María Eugenia Carreño no solo ordena la entrega de documentos, sino que también subraya la necesidad de proteger datos personales de acuerdo con la normativa vigente, lo que plantea un equilibrio entre la transparencia y la salvaguarda de información sensible. El contexto apunta a un incremento en la visibilidad pública sobre la contratación interadministrativa y a posibles efectos en la transparencia y el control político sobre Guerrero, especialmente tras las revelaciones previas de que no habría acreditado título profesional al momento de supervisar los convenios durante 2023 y 2024.
«Una decisión judicial más en contra de Juliana Guerrero. El Tribunal Administrativo de Santander me dio la razón: la @UIS no podía esconder los contratos de Guerrero, protegidos con una falsa “cláusula de confidencialidad”. La transparencia no se negocia. Nadie puede ocultar información cuando se ejerce control político» – Jennifer Pedraza, Representante a la Cámara
Este fallo marca un precedente relevante en la dinámica entre control político y gestión contractual en el marco de las contrataciones interadministrativas. Con la entrega de documentos a la espera de la notificación, los siguientes días serán determinantes para conocer el detalle de los contratos y entender las implicaciones que puedan derivarse para Guerrero y para las políticas de transparencia institucional en la UIS. En Manizales, la cobertura de La Veintitrés busca acercar a la audiencia regional la lectura de un caso que, más allá de sus actores, encarna una discusión sobre la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.
