La Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Relaciones Exteriores renovaron el convenio que permite la expedición de pasaportes en siete puntos de la Red CADE, garantizando este servicio hasta diciembre de 2026. Mientras tanto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la medida cautelar solicitada por la Procuraduría General de la Nación contra el nuevo modelo de expedición de pasaportes, un fallo que respalda la continuidad de un esquema que ya suma más de 250.000 atenciones a usuarios en la capital.
El convenio, que extiende la capacidad de la Red CADE para emitir pasaportes, opera en siete ubicaciones estratégicas: SuperCade Las Américas, SuperCade Calle 13, Cade Fontibón, Cade Santa Lucía, Cade Tunal, Cade Servitá y Cade La Gaitana. En estos puntos, los ciudadanos deben agendar una cita previa a través del portal oficial de la Cancillería para solicitar el documento, mientras que la entrega del pasaporte no requiere cita. La expedición mantiene las tarifas oficiales sin ningún costo adicional, y el horario de atención es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Esta renovación busca acercar el trámite a los ciudadanos, facilitando el acceso en diferentes localidades de la ciudad, y abre un periodo de transición para que el próximo Gobierno nacional, encabezado por Abelardo de las Espriella, evalúe el modelo.
El fallo judicial y el nuevo modelo de pasaportes
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca representa un respaldo clave para el nuevo modelo de pasaportes, que reemplazó el esquema operado por la multinacional Thomas Greg & Sons. Dicho modelo, que comenzó a regir el 1 de abril de 2026, está a cargo de un consorcio conformado por la Imprenta Nacional de Colombia, la Casa da Moeda de Portugal y la Imprimerie Nationale, conocida como IN Groupe, de Francia. En una primera etapa, la fabricación se realiza en Europa y la personalización en Colombia, con una previsión de transferencia tecnológica en un plazo de diez años para que la Imprenta Nacional asuma la producción autónoma.
La Procuraduría había solicitado la medida cautelar en 2025, argumentando presuntas irregularidades en un convenio valorado en 1.3 billones de pesos, del cual el ente de control demandó un componente que supera el billón de pesos. Sin embargo, el Tribunal concluyó que la solicitud no acreditaba los requisitos legales necesarios para la suspensión de los desembolsos. En su análisis, el tribunal advirtió que detener los pagos podría afectar la libre circulación de los ciudadanos y la continuidad del servicio, al tiempo que destacó que el convenio cuenta con respaldo jurídico en la Ley 1150 de 2007. Según declaraciones del presidente Gustavo Petro, bajo este nuevo modelo ya se han producido y entregado 330.000 pasaportes.
