El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá entregar en un plazo de 15 días las grabaciones de las dos llamadas que Rosa Elvira Cely realizó al número de emergencias 123 durante el ataque que le costó la vida en mayo de 2012. La decisión, emitida recientemente, responde a una solicitud de insistencia presentada por Adriana Aranda Cely, hermana de la víctima, luego de que la entidad distrital se negara a proporcionar los audios argumentando reserva legal.
Rosa Elvira Cely, de 35 años, fue agredida física y sexualmente por Javier Velasco, un compañero de estudios, en el Parque Nacional de Bogotá. Durante el ataque logró comunicarse dos veces con la línea de emergencias, pero las fallas en la respuesta institucional impidieron una atención oportuna. La víctima falleció cuatro días después en el Hospital San Ignacio. El caso conmocionó al país y derivó en la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, que tipificó el feminicidio como delito autónomo en Colombia. Velasco fue condenado a 48 años de prisión por el crimen, y la sentencia quedó ejecutoriada hace más de 13 años.
Para Adriana Aranda Cely, acceder a esas grabaciones es un paso fundamental en su proceso de duelo y reparación. «Poder oír la voz de mi hermana y oír sus últimas palabras. Me gustaría poder oír la voz final de mi hermana», declaró la mujer, quien actúa como víctima indirecta en el caso. En otra intervención, agregó: «El acceso a estos audios forma parte de mis derechos a la verdad y a la reparación. Oírlas, por fuerte que sean, es algo que permite que la memoria del trauma no me ancle al pasado».
La providencia del tribunal establece que la peticionaria es cotitular de la información en calidad de víctima y hermana de la persona asesinada, por lo cual tiene derecho a acceder a ella. Los magistrados concluyeron que invocar la confidencialidad en este caso equivale a alegar una reserva legal para restringir el acceso a información pública, pero determinaron que «ya no constituiría daño a intereses públicos ni a personas naturales ni se pone en peligro la investigación que ya terminó, y con su entrega no se viola reserva alguna pues no comprometen derechos a su privacidad e intimidad». Como medida de protección, el fallo autoriza suprimir los nombres de los funcionarios que atendieron las llamadas si estos no autorizan su divulgación.
El caso de Rosa Elvira Cely no solo impulsó un cambio legislativo fundamental, sino que también abrió debates sobre la revictimización de mujeres en instituciones estatales y la necesidad de fortalecer los mecanismos de atención frente a la violencia de género. La orden del tribunal representa un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia para una víctima cuyo nombre se convirtió en símbolo de la lucha contra el feminicidio en Colombia.
