El Tribunal Administrativo de Santander ordenó medidas cautelares de emergencia para la protección del manatí antillano en Barrancabermeja, luego de que cuatro ejemplares de esta especie amenazada de extinción fueran hallados muertos el pasado 23 de septiembre en el caño San Silvestre. La decisión judicial, adoptada a finales de ese mes o principios de octubre, respondió a una demanda presentada por la Fundación Little Guardians y establece un radio de protección de 10 kilómetros desde los puntos de hallazgo, que incluyen los caños San Silvestre, El Rosario (también conocido como caño Picho), La Represa, la ciénaga San Silvestre y toda su zona de influencia.
Los cuerpos de los cuatro manatíes —dos machos y dos hembras— deberán ser conservados bajo estricta cadena de custodia para facilitar las investigaciones. La Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), el Ministerio de Ambiente, la Alcaldía de Barrancabermeja y Ecopetrol, entre otras entidades, quedaron vinculadas a las medidas, que incluyen muestreos semanales de agua, sedimentos y vegetación durante un mes, cuyos análisis serán remitidos al Ideam. Asimismo, se ordenó activar protocolos de emergencia para cualquier nuevo caso de animal débil, herido, atrapado en redes, separado de su cría o aislado, con coordinación de la CAS y la Red de Varamientos de Manatíes.
Contexto de una crisis ambiental
La muerte de estos cuatro ejemplares se suma a una alarmante cifra: 21 manatíes antillanos han perecido en los últimos siete años en los complejos cenagosos de Barrancabermeja, según registros de las autoridades y organizaciones ambientalistas. El manatí antillano (Trichechus manatus) está catalogado como amenazado de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El hallazgo del 23 de septiembre se produjo en un contexto de mortandad de peces en la misma área, fenómeno que ya se había presentado en julio de 2024. Se investiga si la reducción del nivel del agua pudo concentrar contaminantes en el ecosistema, aunque aún no hay una conclusión oficial sobre las causas de las muertes.
«Esto nos va a dar una radiografía exacta»
Leonardo Granados, secretario de Ambiente de Barrancabermeja, sobre los análisis de agua ordenados por el tribunal.
Como parte del plan de acción, las entidades tienen un plazo de 48 horas para elaborar una ficha técnica individual por cada ejemplar fallecido. Se realizarán necropsias y análisis toxicológicos, parasitológicos y de hidrocarburos para determinar las causas precisas de la muerte. La Alcaldía de Barrancabermeja ya presentó acciones ante la Fiscalía por posibles delitos ambientales y solicitó la suspensión de vertimientos en los caños. La Federación de Pescadores de Santander, por su parte, ha exigido explicaciones científicas sobre la calidad del agua en la zona. Para el 26 de noviembre de 2024 está programada una audiencia pública en la que podrán participar comunidades de pescadores y organizaciones ambientales, con el objetivo de socializar los resultados de las investigaciones y definir estrategias de protección a largo plazo para el manatí antillano y su hábitat.
