El Tribunal Superior de Antioquia impuso este martes 25 de noviembre de 2025 una condena en segunda instancia contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de homicidio agravado, conformación de grupos paramilitares, concierto para delinquir agravado y concurso de delitos de lesa humanidad, en el marco del caso conocido como ‘Los 12 apóstoles’. La decisión se tomó en las instalaciones del tribunal en Medellín, revocando la sentencia absolutoria emitida el 13 de noviembre de 2024 por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia.
Esta resolución marca un giro significativo en un proceso judicial que ha captado la atención nacional por su conexión con figuras políticas prominentes y las graves acusaciones de vínculos con paramilitares en la región durante los años noventa. Santiago Uribe Vélez, figura cercana al uribismo, enfrenta ahora las consecuencias de una investigación que remonta a la creación y actividades de un supuesto grupo de sicarios denominado ‘Los 12 apóstoles’, responsable de múltiples homicidios en Envigado.
Revocación de la absolución inicial
El fallo del Tribunal Superior de Antioquia detalló la revocación explícita de la providencia que había absuelto al procesado en primera instancia, argumentando la existencia de pruebas suficientes sobre su participación en los hechos investigados. La corte enfatizó la materialidad de los delitos imputados, vinculados directamente al caso ‘Los 12 apóstoles’, un escuadrón de la muerte presuntamente liderado por Uribe Vélez en su juventud.
“Revocar la sentencia absolutoria proferida el 13 de noviembre de 2024 por el Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia en favor de Santiago Uribe Vélez por los delitos Homicidio agravado y Concierto para delinquir agravado”
Fallo del Tribunal Superior de Antioquia
La noticia, que surge inicialmente de reportes en redes sociales y se encuentra en desarrollo, reaviva el debate sobre los nexos entre política y paramilitarismo en Colombia, especialmente en Antioquia. Mientras se esperan detalles adicionales sobre la pena concreta y posibles apelaciones ante la Corte Suprema de Justicia, este veredicto refuerza el compromiso judicial con la memoria histórica y la lucha contra los crímenes de lesa humanidad.
