Desde Manizales para La Veintitrés, en una jornada que captó la atención de la opinión pública, el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de soborno en actuación penal y fraude procesal, revocando la condena de primera instancia dictada por la jueza Sandra Heredia y publicada el 1 de agosto. La sentencia, conocida el 21 de octubre de 2025 tras una sesión que se prolongó por más de tres horas, se produce en medio de un debate que ha puesto en tela de juicio la independencia judicial. Acompañando el fallo, la defensa de Uribe informó que presentó ante la relatora especial de la ONU Margaret Satterthwaite una ampliación de la denuncia de 2018 contra Gustavo Petro por presunta intimidación a la Corte Suprema de Justicia.
El expediente involucra a figuras como la jueza Sandra Heredia, el magistrado Hermes Lara y el equipo legal de Uribe, con Francisco Bernate a la cabeza y Víctor Mosquera como uno de sus abogados. Bernate afirmó que la sentencia desarma los argumentos de la jueza Heredia y que se apoyó en una metodología técnica rigurosa. La defensa explicó que la ampliación ante la ONU persigue una revisión más amplia y garantías sobre la independencia de los magistrados, lo que podría influir en la siguiente etapa del proceso, la casación. En paralelo, Hermes Lara expresó su preocupación ante la crítica pública del jefe de Estado a decisiones judiciales.
Impacto político y judicial en el corto plazo
El fallo y la posterior ampliación ante la ONU intensifican el choque entre el poder Ejecutivo y el judicial, y sitúan el debate en torno a posibles presiones políticas sobre las decisiones de las altas cortes. La condena inicial de Uribe, que había sido objeto de revisión, ya forma parte de un historial que podría reabrirse en casación, aumentando la incertidumbre sobre el rumbo definitivo del caso. La intervención de la defensa ante la ONU, gestionada por la relatora Margaret Satterthwaite, añade una dimensión internacional a un tema que ha polarizado la vida institucional del país.
“Siempre hay un ‘cartel de la toga’ para exonerar al gran poder político aliado al narcotráfico y de allí su consecuencia más grave: el genocidio del pueblo colombiano” – Gustavo Petro, presidente de Colombia
“repite la historia, contradice a la Corte Suprema de Justicia y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad” – Gustavo Petro, presidente de Colombia
“Qué triste que en Colombia pasen esas cosas. Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, o si hay justicia o si los carteles de la toga siguen manejando esto” – Gustavo Petro, presidente de Colombia
El ámbito judicial permanece en el centro de la atención ciudadana, con el abogado Francisco Bernate subrayando que la sentencia abandona una línea argumental percibida como defensiva de la jueza Heredia y que la corte operó con una metodología técnica rigurosa. Por su parte, Hermes Lara, magistrado del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, reiteró su preocupación por la crítica pública del presidente a decisiones judiciales, un señalamiento que ha alimentado la conversación sobre la línea roja entre discurso público y autonomías institucionales. En paralelo, la acción de ampliar la denuncia ante la ONU fue presentada por la defensa de Uribe, con la participación de Víctor Mosquera entre los integrantes del equipo, y con la expresa referencia a Margaret Satterthwaite como la figura encargada de evaluar posibles vulneraciones a la independencia de magistrados y abogados.
Con este episodio, se abre un nuevo capítulo en una historia judicial que ya acumula antecedentes y que podría dejar huellas en la percepción ciudadana sobre la separación de poderes en Colombia. Aunque la sentencia de absolución cambia la narrativa inmediata, el proceso continúa y la comunidad jurídica aguarda las respuestas que puedan surgir tanto en el plano nacional, con posibles recursos, como en el escenario internacional, donde la intervención de la ONU podría generar nuevas tensiones y discusiones sobre la independencia judicial y las garantías constitucionales que la integran.
