La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dictó en segunda instancia una condena contra los abogados Diego Javier Cadena Ramírez, exrepresentante legal de Álvaro Uribe Vélez, y Juan José Salazar Cruz, a penas de 104 meses (equivalentes a ocho años y ocho meses) y 94 meses (siete años y ocho meses) de prisión domiciliaria, respectivamente, como coautores de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Esta decisión revoca parcialmente la sentencia de primera instancia emitida el 30 de septiembre de 2025 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, e involucra el soborno a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve Pineda y Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, para que rindieran declaraciones que beneficiaran al expresidente Uribe Vélez en su proceso judicial.
El caso se enmarca en el intento de manipular testigos de cargo, como Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico y una de las víctimas, junto a Deyanira Gómez, para favorecer a Uribe, quien fue condenado inicialmente a 12 años de prisión por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá el 1 de agosto de 2025 como determinador de los mismos delitos, aunque absuelto en segunda instancia y con el caso pendiente en casación ante la Corte Suprema de Justicia. Previamente, Cadena recibió suspensiones disciplinarias de tres años por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, confirmada el 25 de enero de 2023, y 34 meses por la del Valle del Cauca, confirmada el 30 de junio de 2023; mientras que Salazar acumuló 27 meses de suspensión, también confirmada en esa fecha.
Victimas exigen más condenas en la cadena de responsabilidades
Las víctimas Iván Cepeda y Deyanira Gómez emitieron un pronunciamiento conjunto celebrando la sentencia y abogando por una mayor profundización en la responsabilidad penal. Recordaron que los hechos giran en torno a los testigos Juan Guillermo Monsalve Pineda y Carlos Enrique Vélez Ramírez, y destacaron que esta resolución allana el camino para la verdad y la justicia, incluyendo la expectativa de que la Corte Suprema condene a Álvaro Hernán Prada Artunduaga, magistrado del Consejo Nacional Electoral, como cómplice de soborno, y case la absolución de Uribe para dejar en firme su condena inicial de 12 años.
«La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dictó sentencia de segunda instancia, mediante la cual revocó parcialmente la decisión adoptada el 30 de septiembre de 2025, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, en tal sentido, condenó a los abogados Diego Javier Cadena Ramírez y Juan José Salazar Cruz, a la pena de prisión de ciento cuatro (104) meses y noventa y cuatro (94) meses de prisión domiciliaria, respectivamente, como coautores de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, por los hechos relacionados con los testigos de cargo Juan Guillermo Monsalve Pineda y Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias ‘Víctor’.»
Iván Cepeda y Deyanira Gómez, víctimas
«Esta decisión allana el camino de las víctimas en la búsqueda de verdad y justicia en este caso. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia condene a Álvaro Hernán Prada Artunduaga, por el delito de soborno en actuación penal, en calidad de cómplice; y case la decisión absolutoria dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y, en consecuencia, deje en firme la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá el 1º de agosto de 2025, mediante la cual lo declaró penalmente responsable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en calidad de determinador, y lo condenó a doce (12) años de prisión.»
Iván Cepeda y Deyanira Gómez, víctimas
Adicionalmente, las víctimas solicitaron condenas contra Enrique Pardo Hasche y el abogado Samuel Sánchez Cañón, quienes enfrentan juicio por la Fiscalía por los mismos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Este desarrollo judicial en Bogotá refuerza la lucha contra la manipulación de testigos en procesos de alto perfil político, con miras a una resolución integral en instancias superiores.
Fuentes: Nathalia Angarita/REUTERS/Colprensa, Colprensa, @IvanCepedaCast/X.
