El Tribunal Superior de Bogotá ha programado para el próximo 9 de diciembre, a las 8:30 de la mañana, la audiencia de imputación de cargos contra Álvaro Leyva Durán, excanciller de la República, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo relacionado con presuntas irregularidades en la licitación para la impresión de pasaportes. La solicitud fue radicada por la Fiscalía General de la Nación, que acusa a Leyva de vulnerar principios de la contratación estatal al declarar desierta la licitación mediante la Resolución 7485, sin justificación legal aparente.
La controvertida licitación, cuyo valor ascendía a 599 mil millones de pesos, fue declarada desierta en septiembre de 2023, lo que generó sospechas de favoritismo hacia la empresa Thomas Greg & Sons, contratista del servicio por 17 años y con un contrato prorrogado hasta abril de 2026. Posteriormente, mediante la Resolución 7541 del 14 de septiembre de 2023, se invocó la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio con esta misma compañía, mientras la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a Leyva por 10 años por desconocer los principios de transparencia y responsabilidad en la gestión administrativa.
Antecedentes y repercusiones del caso
La Procuraduría también investiga el nuevo esquema contractual implementado con la Imprenta Nacional y la Casa de Moneda de Portugal, en medio de la suspensión de Leyva. Además, Thomas Greg & Sons había interpuesto una demanda por cerca de 117 mil millones de pesos, la cual fue descartada tras una negociación liderada por el excanciller Luis Gilberto Murillo. Estos hechos han puesto en el centro del debate público la gestión de recursos estatales en un proceso clave para la emisión de documentos de viaje.
“salva los recursos estatales”
Álvaro Leyva Durán, excanciller
La audiencia del 9 de diciembre marcará un nuevo capítulo en este escándalo que ha salpicado al alto gobierno, con Leyva Durán ya suspendido de sus funciones y bajo escrutinio judicial por su rol en decisiones que, según las autoridades, afectaron la legalidad de un contrato millonario esencial para el Estado colombiano.
