El Tribunal Superior de Bogotá, a través de la magistrada Alma Gertrudis Chamat, confirmó en segunda instancia la medida de privación de la libertad contra el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, implicado en un caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta decisión ratifica la resolución emitida en primera instancia el 18 de diciembre de 2025 por la magistrada Aura Alexandra Rosero, sustentada en los argumentos presentados por la fiscal María Cristina Patiño, quien destacó el riesgo que representa Velasco para el proceso judicial debido a la magnitud de los hechos investigados. Actualmente, el exfuncionario se encuentra privado de la libertad en una cárcel de Cali.
El caso gira en torno a un presunto esquema de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, ocurrido durante 2023 en la Ungrd. La Fiscalía ha señalado que los hechos buscaban favorecer a congresistas como Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya, con el fin de asegurar mayorías legislativas para proyectos del Gobierno. Entre las irregularidades destacan 79 proyectos de la Ungrd e Invías por más de medio billón de pesos, de los cuales solo siete fueron ejecutados, así como contratos por 86.619 millones de pesos en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y El Salado (Carmen de Bolívar).
Otros implicados y estado del proceso
La confirmación mantiene a Velasco bajo detención, en tanto que el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla recuperó su libertad por vencimiento de términos. Otros investigados que permanecen privados de la libertad incluyen al expresidente del Senado Iván Name, al expresidente de la Cámara Andrés Calle y a la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz. Ninguno de los imputados ha aceptado cargos en este proceso, que según las diligencias judiciales tenía como objetivo principal beneficiar a legisladores aliados.
“La medida no ha perdido la urgencia”
Alma Gertrudis Chamat, magistrada del Tribunal Superior de Bogotá
Esta resolución refuerza las acciones de la justicia contra la corrupción en entidades clave del Gobierno, en un contexto donde la Fiscalía continúa profundizando en las conexiones entre funcionarios y congresistas para manipular contratos públicos. El caso, con ribetes políticos de alto impacto, pone en evidencia las vulnerabilidades en la gestión de recursos para desastres y obras de infraestructura, según crédito de Colprensa.
