El Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente la decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que dejó sin esquema de seguridad a la exrepresentante a la Cámara Carolina Arbeláez, ordenando mantener las medidas de protección mientras se resuelve el proceso judicial. La medida cautelar, con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, fue adoptada dentro de una demanda presentada por la excongresista de Cambio Radical contra la UNP, luego de que esta suspendiera su esquema de seguridad el 20 de julio de 2026, al finalizar su periodo constitucional.
El tribunal consideró que la finalización del cargo no implica automáticamente la desaparición del riesgo, especialmente cuando existen amenazas posteriores, persistencia de actividad política y ejercicio de oposición al gobierno anterior, aspectos que la UNP habría omitido valorar al tomar la decisión. La resolución original de la UNP, fechada el 11 de marzo de 2026, había asignado a Arbeláez un esquema de protección que incluía dos vehículos blindados, dos personas de protección y un chaleco blindado, con una vigencia de doce meses, es decir, hasta marzo de 2027. Sin embargo, la entidad decidió suspenderlo apenas cuatro meses después, al considerar que al terminar su periodo legislativo cesaba la condición que generaba el riesgo.
La demanda de Arbeláez argumentó que la UNP omitió valorar nuevas circunstancias acreditadas en el expediente administrativo antes de decidir el desmonte, entre ellas amenazas que se mantuvieron vigentes después del 20 de julio y el hecho de que la exrepresentante continúa desarrollando actividad política, lo que mantiene su perfil de riesgo. En su providencia, el tribunal señaló que “pese a la finalización del periodo constitucional, no implica que no se generen nuevas circunstancias que conlleven continuar con el esquema de seguridad ante el riesgo que genera la trayectoria política”, y agregó que “este despacho, en aras de garantizar la seguridad de la demandante, proteger sus derechos fundamentales y ante el riesgo que le asiste en su calidad de exrepresentante a la Cámara, adoptará medidas que correspondan a las características del caso”.
Los fundamentos de la decisión judicial
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca advirtió que la UNP sustentó el desmonte únicamente en la finalización del periodo constitucional de Arbeláez, sin realizar una valoración integral de las circunstancias posteriores. La decisión judicial destaca que “la señora Adriana Carolina Arbeláez Giraldo sustenta sus pretensiones… en amenazas que se mantienen con posterioridad a la finalización de su periodo legislativo, la persistencia de su actividad política y el ejercicio de oposición al gobierno anterior”. Con estos argumentos, el tribunal ordenó restablecer provisionalmente el esquema de seguridad, que deberá mantenerse vigente hasta que se profiera sentencia definitiva en el proceso, evitando así un perjuicio irremediable durante el trámite judicial.
La medida cautelar no constituye una decisión definitiva sobre el fondo del caso, aclaró el tribunal, pero obliga a la UNP a restablecer de inmediato las medidas de protección que habían sido desmontadas. La exrepresentante Carolina Arbeláez, quien fue congresista por Bogotá en el periodo 2022-2026, ha señalado en distintas ocasiones que su labor de oposición la ha puesto en riesgo, y que la suspensión de su esquema de seguridad la dejaba expuesta a posibles atentados. Con esta decisión judicial, la UNP deberá garantizar su protección mientras se define si el desmonte definitivo fue legal o no.
