En un año marcado por intensas tensiones institucionales, el presidente Gustavo Petro protagonizó múltiples choques con las altas cortes colombianas durante 2025, tras fallos que limitaron sus alocuciones presidenciales, suspendieron el decreto 0639 de consulta popular el 11 de junio y la reforma pensional el 14 de junio, absolvieron al expresidente Álvaro Uribe Vélez el 22 de octubre, y ordenaron rectificaciones a varias declaraciones del mandatario. Estas decisiones, emitidas principalmente por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Superior de Bogotá y el Consejo Nacional Electoral en Bogotá, surgieron de demandas presentadas por organizaciones civiles, académicos y particulares, argumentando usos excesivos de alocuciones, usurpación de competencias del Congreso, vicios en el trámite legislativo y afectación a la honra de terceros.
El conflicto escaló cuando el Consejo de Estado, el 3 de octubre, fijó condiciones estrictas para las alocuciones presidenciales, exigiendo excepcionalidad, urgencia y objetividad, e incluso ordenó su regulación a la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En los primeros nueve meses de 2025, Petro había realizado más de una decena de estas intervenciones, lo que generó críticas por su frecuencia. Paralelamente, el Consejo Nacional Electoral investigó la campaña de Petro de 2022, llevando a suspensiones provisionales por la Corte Constitucional en abril y multas a Colombia Humana. Las rectificaciones ordenadas abarcaron múltiples fechas entre febrero y diciembre, como las del Consejo de Estado contra Hannah Escobar el 10 de febrero y Jorge Armando Bohórquez el 15 de noviembre, el Juzgado 66 Administrativo contra Marta Lucía Ramírez, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 10 de diciembre, y la Corte Constitucional contra periodistas el 20 de octubre.
La reforma pensional y el choque interminable con la Corte Constitucional
Uno de los episodios más destacados fue la suspensión de la reforma pensional, contenida en la Ley 2381 de 2024, por vicios en su trámite legislativo, lo que detuvo el proceso debido a una recusación contra el conjuez Pablo Márquez. El 24 de noviembre, la Corte Constitucional registró un empate 4-4 en la votación sobre su constitucionalidad, con 18 conjueces disponibles para desempatar. Otro punto álgido fue la absolución de Álvaro Uribe por la Corte Suprema de Justicia el 22 de octubre, entre el 11 y 18 de junio se suspendió el decreto de consulta popular, profundizando la confrontación.
«Es una censura contra un presidente… eso se llama golpe de Estado»
Gustavo Petro, presidente
Frente a estos fallos, Petro reaccionó con fuertes declaraciones, acatando algunas decisiones pero manifestando desacuerdo, como cuando dijo «Acato esa decisión, pero no la comparto…», o al cuestionar «Ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto». Revivió incluso la propuesta de una asamblea nacional constituyente. Por su parte, Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, defendió la independencia judicial al afirmar que «La independencia judicial es esencial para el Estado de derecho y puede hacerse añicos si no se protege». Hermes Lara, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá y presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, criticó las descalificaciones al afirmar que «Descalificar las decisiones de la Rama Judicial, bien sean de una esquina o de otra (…) es nocivo para la democracia».
Esta relación tensa entre el Gobierno y las altas cortes, que pasó de un diálogo tenso a una confrontación abierta con fallos inéditos, representa una prueba crucial para las reglas del Estado Social de Derecho, avivando debates sobre la interpretación constitucional y la separación de poderes en Colombia.
