La calificadora internacional Fitch Ratings encendió las alarmas sobre el futuro económico de Colombia al advertir que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el 21 de junio de 2026, traerá consigo riesgos fiscales severos. En su informe más reciente, la agencia señaló que el déficit del Gobierno Central alcanzó el 6,4% del PIB en 2025, y que para estabilizar la deuda pública se requiere un ajuste estructural equivalente al 4% del producto interno bruto, unos 70 billones de pesos. Este panorama se presenta justo cuando los candidatos Abelardo de la Espriella (con el 43,7% de los votos en primera vuelta) e Iván Cepeda (40,9%) se disputan la presidencia con visiones económicas radicalmente opuestas.
La advertencia de Fitch llega meses después de que en diciembre de 2025 rebajara la calificación soberana de Colombia a BB con perspectiva estable, argumentando un deterioro considerable de las finanzas públicas. El informe destaca que el déficit neto, descontando operaciones de pasivos, escaló al 7,8% del PIB durante el año pasado, mientras que el crecimiento promedio del país entre 2019 y 2025 fue de apenas el 2,5%, muy por debajo del registrado por otras naciones con calificación similar. A esto se suma que la inversión privada cayó al 16% del PIB, frente al 21% observado en periodos anteriores, lo que refleja un entorno de baja confianza empresarial.
Propuestas opuestas en medio de la encrucijada fiscal
El informe de Fitch subraya que ambos candidatos enfrentarán el mismo desafío: corregir un desequilibrio fiscal que no da tregua. «El próximo presidente se enfrentará al reto de corregir el amplio desequilibrio fiscal. El déficit del Gobierno Central fue del 6,4% del PIB en 2025. Estimamos que la estabilización de la deuda requiere un ajuste del 4% del PIB», señala el documento oficial. Sin embargo, las propuestas de De la Espriella y Cepeda son diametralmente opuestas. Mientras el primero se ha comprometido a reducir los impuestos y adelgazar el Estado en un 40%, el segundo apoya reformas para aumentar los ingresos, pero enfrentaría dificultades para impulsarlas en un Congreso fragmentado, tal como ocurrió durante la administración de Gustavo Petro. La calificadora anota que «la rigidez del gasto social limita el margen de maniobra de ambos esquemas», haciendo referencia a las partidas destinadas a pensiones, salud y transferencias a regiones.
«La rigidez presupuestaria y las presiones de gasto relacionadas con las pensiones, la sanidad y las transferencias subnacionales dificultarán dichos ajustes»
Fitch Ratings, informe oficial
A pesar de que los altos precios del petróleo podrían ofrecer un alivio temporal hasta 2027, la agencia advierte que su efecto no es estructural. Además, ambos candidatos han prometido aumentar el gasto en Defensa y Bienestar Social, lo que presiona aún más unas finanzas ya de por sí ajustadas. La implementación de cualquier reforma dependerá de la capacidad de construir mayorías en el Congreso, un escenario incierto que podría desencadenar protestas sociales si se opta por recortes drásticos. El presidente electo también tendrá la responsabilidad de nombrar miembros de la Junta del Banco de la República en 2029, lo que influirá en la política monetaria del país.
Fitch Ratings concluye que «la evolución futura de la nota soberana estará determinada por la rapidez y la eficacia con que se ejecuten los ajustes económicos indispensables; un avance suficiente podría fortalecer las perspectivas de la deuda pública, mientras que el deterioro aumentaría los riesgos financieros para el país». Así, la segunda vuelta del 21 de junio no solo definirá al próximo mandatario, sino también el rumbo fiscal de Colombia en un momento crítico, donde la urgencia de un ajuste de 70 billones de pesos marcará la agenda económica del gobierno entrante.
