La mesa de diálogos entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) emitió un comunicado conjunto en el que rechaza de manera categórica las denuncias sobre presuntas presiones electorales en el resguardo indígena Inda Zabaleta, ubicado en la zona rural de Tumaco, Nariño. Las delegaciones de ambas partes, lideradas por el Ejecutivo y por la disidencia comandada por José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, aseguraron que no existe evidencia alguna de retención ilegal de cédulas de identidad ni condicionamiento del voto en ese territorio del suroccidente colombiano.
La denuncia había sido presentada ante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales por parte de un magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien en una sesión del 10 de junio afirmó que actores armados habrían retenido los documentos de identidad de los habitantes del resguardo para devolverlos el día de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio de 2026. Sin embargo, durante el desarrollo del ciclo número 8 de la mesa de diálogos de paz, el gobernador del resguardo Inda Zabaleta, reconocido como la máxima autoridad en el territorio, informó que no se encontró ningún indicio de dicha retención por parte de grupos armados.
“El Gobernador del Resguardo Indígena Inda Zabaleta, como máxima autoridad en el territorio, en el desarrollo del ciclo No 8, informó que no hay evidencia de retención ilegal de documentos de identidad a los habitantes del Resguardo por parte de actores armados”.
Delegaciones del Gobierno nacional y de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano
Adicionalmente, el comunicado conjunto destacó que las elecciones presidenciales de la primera vuelta, realizadas el 31 de mayo de 2026, se desarrollaron con total normalidad en esa comunidad indígena, donde los ciudadanos ejercieron su derecho al voto “de forma plena y libre”. Las delegaciones calificaron como “falsos y sin fundamento probatorio” los señalamientos del magistrado, y reiteraron su compromiso con el Acuerdo número 13 suscrito en el marco del proceso de diálogo, que busca garantizar los derechos civiles y políticos de las comunidades de Nariño y Putumayo.
Un proceso de diálogos que ha sorteado tensiones
La mesa de conversaciones entre el Gobierno de Gustavo Petro y la CNEB había enfrentado una suspensión en abril de 2026, luego de un ataque armado contra el Ejército en Ipiales, Nariño, que dejó tres soldados muertos y tres niños heridos por minas antipersonal. Tras ese incidente, las partes lograron reactivar el diálogo a finales de abril y acordaron retomar las negociaciones en la primera semana de junio. En ese contexto, la CNEB ratificó su compromiso de no planear ni ejecutar acciones ofensivas contra la fuerza pública, incluyendo el uso de drones, y de respetar el Derecho Internacional Humanitario.
Durante el ciclo número 8, las delegaciones también acordaron priorizar la aceleración de medidas de reparación temprana para las víctimas del conflicto armado, así como la georreferenciación de zonas con sospecha de artefactos explosivos para facilitar el desminado humanitario. Aunque no se esclareció públicamente cómo se superó la tensión generada por la propuesta del Ejecutivo de que la disidencia aportara recursos para la erradicación de cultivos de coca, el comunicado dejó claro que la mesa continúa funcionando y que su labor es esencial para “promover los derechos civiles y políticos de las comunidades” en esa región del país.
