El Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja impuso una condena de 27 años y seis meses de prisión a Hernán Giovanni Arteaga Plazas, conocido como alias “El Obrero”, por su participación como coautor en cuatro homicidios calificados como crímenes de lesa humanidad. Estos hechos ocurrieron entre 2002 y 2003 en Tunja y otros municipios de Boyacá, y afectaron a las víctimas Ricardo Rosales Orozco, Óscar Eliécer Moreno Moreno, Dydyer Alexander León Suárez y Juan Pablo Castro Aguilar, quienes fueron señalados como supuestos colaboradores de la guerrilla en el marco de una supuesta “limpieza social”.
La sentencia destaca que los crímenes formaron parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, ejecutado mediante una estrategia paramilitar de control y persecución. Arteaga Plazas realizaba labores de señalamiento e inteligencia previa desde su puesto de venta informal de minutos telefónicos en la Plaza de Bolívar de Tunja, facilitando así las operaciones del grupo armado.
Orígenes y expansión de las Autodefensas Campesinas del Casanare
Los homicidios se enmarcan en las acciones de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), un grupo paramilitar originado en los departamentos de Casanare y Meta durante los años ochenta bajo el mando de Héctor José Buitrago Rodríguez, alias “El Patrón”. Esta estructura se expandió posteriormente a Boyacá, con figuras como Josué Darío Orjuela Martínez y Nelson Orlando Buitrago Parada al frente de sus operaciones. Los crímenes han sido calificados como imprescriptibles por su naturaleza sistemática y generalizada, dirigida contra civiles percibidos como auxiliares de las guerrillas.
La decisión judicial es susceptible de apelación, mientras las víctimas y sus representantes legales, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), exigen un mayor esclarecimiento de las responsabilidades de organismos estatales como la Fuerza Pública, el DAS, el CTI y la Policía, que habrían participado en las operaciones del grupo paramilitar.
