Desde Manizales, La Veintitrés Manizales informa que María Claudia Tarazona, viuda del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, interpuso una tutela contra el presidente Gustavo Petro para exigir retractación y denunciar revictimización. La acción se presenta en medio de la investigación del magnicidio de Uribe Turbay, que avanza con la detención de Simeón Pérez, alias El Viejo, y señalamientos de un posible vínculo con la Segunda Marquetalia. El proceso fue tramitado ante el Juzgado 14 Laboral de Bogotá, que desestimó la tutela; la Presidencia respondió negando retractación.
Tarazona sostiene que las declaraciones del presidente deslegitiman a su familia y entorpecen el proceso judicial. El derecho de petición fue registrado el 1 de septiembre de 2025, mientras que la tutela fue presentada el 14 de octubre de 2025. La Presidencia respondió el 22 de septiembre de 2025, mediante una carta firmada por su asesor jurídico, Alejandro de Jesús Melo, en la que afirma que no procede retractación y que el presidente no ha descartado hipótesis sobre autores y móviles, asegurando que no ha buscado protagonismo político. En la investigación también se ha dejado en claro, según la Fiscalía General de la Nación, la cercanía entre Simeón Pérez y la Segunda Marquetalia, y hasta ahora se han detenido nueve personas. Del lado legal, el abogado de la familia, Víctor Mosquera, ha denunciado hostigamientos y ha promovido derechos de petición ante instancias nacionales e internacionales.
La tutela desestimada y el avance de la investigación intensifican el choque entre la justicia y la política
«La evidencia que nosotros tenemos es la cercanía que tiene Simeón con la Segunda Marquetalia» — Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación
La decisión del Juzgado 14 Laboral de Bogotá, emitida el 31 de octubre de 2025, desestimó la tutela y negó los amparos solicitados por Tarazona y la familia. En el marco de la investigación, la Fiscalía ha señalado que Simeón Pérez podría haber actuado junto a estructuras armadas, en particular la Segunda Marquetalia, disidencia de las FARC, aunque no hay confirmación pública de vínculos entre Iván Márquez o Iván Mordisco y el Estado Mayor Central. La Fiscalía ha indicado que, pese a estas señales, no ha divulgado relaciones con el Estado Mayor Central, y la investigación continúa avanzando sin definitivas pruebas sobre los supuestos nexos entre los actores armados y el crimen.
En su conjunto, este caso ilustra el choque entre la diligencia judicial y la esfera política: Tarazona busca protección de la honra y la memoria de la familia Uribe Turbay a través de la retractación y posibles actuaciones ante instancias nacionales e internacionales, mientras la Presidencia defiende su actuar y sostiene que no procede retractación. El detalle de los hechos muestra un escenario complejo en el que detenciones y señalamientos de vínculos con grupos armados mantienen en curso una investigación delicada y de alto impacto público, en un contexto en el que las víctimas siguen esperando respuestas claras y contundentes de las instituciones.
