El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1446 de 2026, que modifica las reglas de reparto de las acciones de tutela presentadas contra el Presidente de la República, asignando al Consejo de Estado la competencia para conocer en primera instancia aquellas tutelas que se relacionen con actuaciones u omisiones del mandatario en ejercicio de sus funciones. La medida, firmada por el presidente encargado Abelardo de la Espriella y el ministro de Justicia, Iván Cancino, ajusta el trámite judicial para los casos en los que se demande al jefe de Estado por acciones u omisiones derivadas de sus funciones constitucionales.
De acuerdo con el decreto, se modifica una disposición del Decreto 1069 de 2015, que regula el reparto de las acciones de tutela contra autoridades nacionales. La nueva norma establece que las tutelas dirigidas contra el Presidente por su actuación en funciones oficiales serán repartidas al Consejo de Estado, en lugar de los jueces de circuito como ocurría antes. Sin embargo, se mantiene la regla general que asigna ese tipo de acciones a los jueces del circuito o de igual categoría cuando se trata de otras autoridades, excepto en los casos especificados, como las relacionadas con el programa de erradicación de cultivos ilícitos.
Un cambio con antecedentes
El cambio tiene antecedentes en una medida similar adoptada durante el gobierno de Iván Duque, cuando también se estableció que estas acciones llegaran inicialmente a la jurisdicción contencioso-administrativa. Además, el decreto contempla situaciones en las que, junto con el Presidente, sean demandadas otras autoridades públicas o particulares, siempre que la acción esté vinculada a sus funciones constitucionales. También precisa que las tutelas contra actuaciones administrativas, políticas, programas o estrategias del Gobierno nacional en materia de erradicación de cultivos ilícitos continuarán repartidas a los jueces del circuito o de igual categoría.
La modificación se sustenta en el artículo 189 de la Constitución Política, que asigna competencias específicas al Presidente de la República, así como en la necesidad de garantizar una revisión adecuada de las acciones que buscan proteger derechos fundamentales frente a decisiones del máximo mandatario. La noticia está en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre la aplicación de esta medida en el sistema judicial.
